La 'casa de los horrores': motivos de seguridad provocan el traslado de los detenidos a otras cárceles

Madre e hijo, los dos detenidos la pasada semana por retener y maltratar -atada de pies y manos, sometida a múltiples torturas incluso obligada a mantener relaciones sexuales en su cautiverio- a una mujer, pareja del varón, en un piso del barrio del Carmen, serán trasladados desde la cárcel de Topas a otras prisiones del territorio nacional.

Como suele suceder en este tipo de casos violentos, motivos de seguridad desencadenaron este jueves por la mañana el traslado de la mujer, A.M.J.M., al Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas (León), informan fuentes del caso a LA GACETA.

En el caso de su hijo, J.M.J.J., de 29 años y al igual que la primera de etnia gitana, la dirección del penal solicitó también este jueves el cambio de penal igualmente para aminorar el riesgo de su estancia entre rejas.

En ambos casos, la decisión ha sido adoptada por los integrantes de la Junta de seguridad del Centro Penitenciario de Topas, donde permanecían desde su ingreso, de manera preventiva, señalan las fuentes consultadas, que apuntan que hasta el momento ninguno de ellos ha protagonizado ningún incidente llamativo, «su comportamiento ha sido en todo momento normal».

Todo ello tiene lugar después de que el Juzgado de Violencia de Género de Salamanca (Juzgado de Instrucción número Tres), haya ratificado la prisión en ambos casos ante la presunta gravedad del caso, conforme a los informes de la Fiscalía. Será este órgano judicial el que definitivamente se ocupe de instruir el caso.

Entre otras diligencias en marcha, se investiga la declaración prestada por la afectada, de 19 años, y que habría permanecido un mes atada de pies y manos con unas bridas al somier de una cama en el piso de la calle Linares, concretamente en el bloque número 38.

Un caso que ha trascendido fronteras y que ha sido portada en los últimos días de los diarios de todo el país e incluso del extranjero. Un caso que recuerda sobremanera al registrado en octubre de 2020, en Peñaranda de Bracamonte. Un caso ya juzgado y en el que por primera vez un tribunal la Audiencia Provincial de Salamanca, estimó entre otras la pertenencia a la etnia gitana , tanto del acusado como de la víctima, como atenuante muy cualificada, sentencia que ha sido precedente para al menos otros dos casos de abusos vistos en los Juzgados de León y Ciudad Real, que de la misma manera rebajaron la pena a dos delincuentes sexuales por su cultura gitana «peculiar».

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