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Sin entrar en el conflicto político ni valorar las declaraciones que han hecho los líderes de los partidos, las organizaciones no gubernamentales de Salamanca insisten en que más allá de que se les encasille bajo un acrónimo, los menas (menores extranjeros no acompañados) son niños y deben garantizarse sus derechos.
«En Cruz Roja no miramos su origen, sino que son menores», subraya el secretario provincial de esta organización humanitaria. «Lo único que decimos es que si son niños, hay que garantizar sus derechos y que cualquier proceso que se haga con ellos debe hacerse con garantías. Si son menores que se encuentran desprotegidos, deberán serán incluidos en el sistema de protección como cualquier otro niño, como dice la legislación», añade el secretario provincia de Cruz Roja, Javier Vicente, apuntando que es precisamente lo que viene haciendo la Junta de Castilla y León así como otras administraciones desde hace años. Incide en que estos menores que arriesgan su vida subiendo a una patera y dejan atrás a su familia huyen de «situaciones en las que en muchos casos se estaban vulnerando sus derechos. O bien no existe una familia que les pueda atenderles o existe una que no les puede garantizar los mínimos de subsistencia, alimentación, educación...»
Tampoco Cáritas entra en el debate político, pero sí deja claro que su labor «es estar al lado de las personas». «Cada una de ellas tiene un valor que ya está reconocido en la Carta de los Derechos Humanos y más aún si hablamos de niños, porque son las personas que menos protegidas están en todas las partes del mundo. Son los olvidados, los últimos, y muchas veces nos olvidamos de sus derechos», explica Miguel Inmaculada, técnico de Infancia de la organización diocesana. Respecto a los menas, insiste en que «no se suben a una patera ni saltan una valla por gusto», sino que «están muy mal en sus países de origen». «Huyen de guerras, del hambre, del miedo, de la explotación... Los tenemos que acoger con los brazos abiertos y darles un futuro. Si no encuentran una esperanza, ¿qué van a hacer? Nosotros no podemos ser ladrones de esperanzas. La postura de Cáritas es clara: acogida incondicional en espacios seguros, donde tengan sus derechos desarrollados en plenitud», explica. «Son chicos que quieren un futuro y lo que buscan es estudiar, trabajar, aprender el idioma, adaptarse a la realidad en la que viven. Caritas ha hecho muchos informes de alto rigor científico que hablan de que la inmensa mayoría se adaptan y se labran un futuro», concluye.
Desde la casa-escuela Santiago Uno, centro de acogida y de estudios para menores, la educadora Verónica Berciano recalca que «los menores no acompañados, sean de la procedencia que sean, por encima de todo son niños que, por su lugar de nacimiento, les ha tocado vivir situaciones que les obligan, para garantizar su supervivencia, a huir a lugares donde creen que tendrán mejores oportunidades». «El problema no surge del propio niño sino de la respuesta como país que les damos poniendo trabas legales a su educación y acceso al trabajo. El libre movimiento de personas debe ser visto como una oportunidad de enriquecimiento cultural y social, crecimiento de la población y de su economía», añade. En esa línea, apunta que, «si dificultamos el acceso a esos derechos de la persona, les obligaremos a buscar alternativas no legales para garantizar su supervivencia».
Se suma a estas declaraciones el responsable de uno de los centros educativos de la provincia que más menores extranjeros no acompañados ha acogido en la última década. Al frente del colegio de la Inmaculada, el párroco de Armenteros, Blas Rodríguez, insiste en que, sin entrar en las polémicas entre PP y Vox, acoger a los menores extranjeros no acompañados es «una labor humanitaria»
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