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A sus 60 años, y con sus padres de 87 a su cargo, el pasado febrero se quedó sin el empleo como limpiadora que tenía en un centro educativo. Cubana, pero con nacionalidad española, vive con los 300 euros al mes de un subsidio que dejará de percibir el próximo enero. Ante su situación de extrema vulnerabilidad, ya el pasado 12 de enero solicitó el Ingreso Mínimo Vital (IMV). No recibió respuesta hasta junio, casi seis meses después. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le denegó la prestación. María, beneficiaria y usuaria de los servicios de Cáritas Diocesana que prefiere que no se conozca su apellido ni salir en fotografías, recurrió a una abogada de oficio y reclamó. «Me pidieron disculpas porque mi expediente había sido mal tramitado», recuerda aludiendo a que la administración estatal había resuelto el expediente con la documentación que había presentado en una solicitud anterior. Se abrió entonces para ella la esperanza de percibir la ayuda estatal que le había sido denegado años antes. Pero la respuesta llegó solo una semana después. Volvían a dejarle sin ella. ¿Por qué? «Me dicen que el año anterior, en 2022, yo había percibido, incluyendo mi salario, las ayudas municipales y de alquiler, más de los 10.843 euros de ingresos que dice la ley que no se pueden superar en las unidades de convivencia de tres adultos. Los superé por 700 euros», explica.
«Se supone que, si una persona solicita esta ayuda, es porque tiene un problema actual. No veo congruente que me estén valorando en función de cómo estaba el año pasado, cuando yo incluso trabajaba», denuncia esta mujer, que llegó incluso a entrevistar con el responsable provincial del INSS para exponerle su situación. «Yo ahora mismo tengo una determinada situación, tengo a mis padres, mis gastos, el piso,... Y desde la Seguridad Social me dicen que me entienden, pero que la ley lo establece así. Entonces, ¿de qué vivo? Solo tengo una prestación de 300 euros para tres personas», explica apuntando que su padre, que tiene una cardiopatía carece de Seguridad Social porque tanto él como su madre solo cuentan con Tarjetas de Familiar de Ciudadano de la Unión Europea. Además del subsidio y dado que de momento no le van a conceder el IMV, María ha logrado una ayuda de 250 euros de una fundación benéfica y el Consistorio le ha reconocido una ayuda de emergencia social de 380 euros durante cuatro meses para hacer frente al pago del alquiler y otros gastos básicos. Sus hijos también le echan un a mano.
«Esto no tiene sentido. Hay mucha incoherencia. Primero, si yo estoy pidiendo una ayuda no es para que tarden seis meses en darme una respuesta. Si yo ahora vuelvo a solicitar el Ingreso Mínimo Vital, cuando me lo concedan a lo mejor ya estoy trabajando», señala. «El objetivo de esta ayuda era que el Estado cubriese las necesidades básicas de la gente que más necesitada estaba. Y resulta que al final, en casos de vulnerabilidad como el mío, lo acaban cubriendo asociaciones benéficas y el ayuntamiento», denuncia esta mujer española de origen cubano.
Para María, esta no es la única ocasión en la que el Estado le deniega la prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. La solicitó por primera vez pocas semanas después de que se crease en junio de 2020. Un error en la presentación de la documentación requerida fue el motivo de la primera respuesta negativa. Volvió a solicitarla. «En aquel momento tenía empadronada en casa a mi nieta por problemas familiares. Por tener a un miembro que no pertenecía a mi unidad de convivencia, me lo negaron. Hice la reclamación y explique los motivos por los que ella estaba en mi domicilio, pero aún así me lo volvieron a negar», recuerda. «Pasaron dos años y los compañeros de Cáritas me dijeron que volviera a solicitarlo por mi situación de vulnerabilidad, pero la respuesta ha vuelto a ser que no», añade María, quien tiene la esperanza de que en unos meses, cuando ya no se tengan en cuenta sus ingresos de 2022, se le conceda finalmente el IMV.
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