Los retrasos del Ingreso Mínimo Vital dejan a numerosas familias salmantinas en total desamparo

Pero las familias en situación de extrema vulnerabilidad no pueden confiar su supervivencia al IMV, puesto que desde que lo piden hasta que se les reconoce o deniega pasan una media de seis meses. La normativa fija medio año desde la fecha de presentación como el plazo máximo para resolver las solicitudes, y el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) lo está apurando hasta el límite. «Nosotros estamos viendo, aunque no lo vemos todo, que precisamente la respuesta llega en torno a los seis meses», apuntan fuentes de Cáritas Diocesana, que desde la creación del Ingreso Mínimo Vital ha pedido reducir este plazo, al menos, a la mitad, a tres meses. Si bien es cierto que, a diferencia de lo que ocurría hace un año, hoy es posible lograr cita previa en el INSS en un plazo de una semana, la lenta tramitación de esta prestación hace que no sea una solución para hacer frente a problemas económicos sobrevenidos.

Durante el medio año de espera, los solicitantes tampoco pueden optar a la Renta Garantizada de la Ciudadanía que ofrece la Junta de Castilla y León, y que es la opción para aquellos a los que se deniega el IMV. Pero para poder recibirla hace falta contar con la resolución del INSS que deniega la prestación estatal. De esa forma, las familias vulnerables pueden pasar hasta nueve meses —más si no se producen errores en la tramitación— sin recibir ningún tipo de prestación pública, salvo las ayudas de emergencia y primera necesidad que les conceda el Ayuntamiento o el apoyo económico que le ofrezcan organizaciones humanitarias.

Un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señaló el pasado junio que el 65% de los potenciales beneficiarios del IMV no tienen acceso a él no lo reciben porque ni siquiera lo solicitan o porque se les deniega. No hay datos provinciales de los hogares salmantinos que podrían beneficiarse de él y no lo están haciendo. Sin embargo, técnicos de Cáritas vuelven a insistir en «la trampa» que supone que un requisito para recibir el Ingreso Mínimo sea no haber superado el año anterior una determinada renta. «Esto es un engaño. Puedes haber tenido un 2022 maravilloso y un 2023 sin ningún ingreso, y no puedes recibirlo», aseguran. Así, las retribuciones que se percibieron en el ejercicio inmediatamente anterior pueden impedir cobrar la prestación aunque en la actualidad no se tengan ingresos, de la misma forma que las ayudas de primera necesidad que se perciben durante la tramitación del IMV pueden llevar a que el beneficiario tenga que acabar devolviendo parte del dinero al INSS, algo que ocurre cada año y que genera verdaderos «agujeros» en economías domésticas que viven con lo justo y deben reintegrar un dinero que la mayoría de las veces ya se han gastado, según explican desde las organizaciones humanitarias. «Se trata de deficiencias en la legislación que se ven año tras año y que ya va siendo hora de corregir», subrayan.