Junts amenaza a 14 empresas que se mudaron a Salamanca

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E. P.

Pero, con independencia de ello, seguirían igualmente en el punto de mira de Junts per Catalunya, que el pasado miércoles condicionó su apoyo a tres decretos del Gobierno de Pedro Sánchez a que se sancionase a las empresas que se marcharon de Cataluña y no regresen. Si bien el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió este viernes que la normativa europea «descarta» la posibilidad de establecer restricciones al lugar de establecimiento de las empresas a través de multas como pide Junts, las compañías se encuentran en la diana del partido independentista, que presiona al Ejecutivo central para que se habiliten incentivos fiscales para aquellas sociedades que regresen.

La mayoría de las compañías se trasladaron a Salamanca en los dos años posteriores al 1-O. Es el caso de Agrifeed SL, que realizó el traslado doce meses después del referéndum y que, por volumen de ventas, sería una de las más importantes que se asentaron en la capital del Tormes. Once meses antes, el 10 de noviembre de 2017, la firma de moda Lola Casademunt SL trajo su domicilio social a su tienda de la céntrica calle Zamora, de Salamanca, aunque el gran volumen de negocio seguía en Barcelona. En 2020 volvió a trasladarse. En esta ocasión, a Madrid. En abril de 2018 se domicilió, esta vez, en Guijuelo Salcat 2000 SL. Constituida por un catalán que posteriormente abrió una delegación en la localidad chacinera. La empresa, dedicada al transporte de mercancías —especialmente de carácter agroalimentario—, tomó la decisión de mudarse para «dar tranquilidad» a sus clientes de Guijuelo, según apuntaban desde la compañía hace cinco años. Dos meses después que la anterior, se publicó en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) el cambio de domicilio de Vespertina Advisers SA de Barcelona a Peñaranda de Bracamonte. Además de esta compañía del sector agrícola, en junio de 2018 también se domicilió en Salamanca Star Legión SL, dedicada al mundo textil y de la piel.

Aunque estas catorce sociedades modificaron su domicilio social, esto no implica que tributen en Castilla y León. De hecho, muchas de estas firmas mantuvieron su domicilio fiscal en Cataluña. En la mayoría de los casos, el «traslado» consistió tan solo en un acuerdo publicado en el BORME que no conllevó el traslado de trabajadores ni de oficinas. En la mayoría de los casos, su decisión respondió al temor de que una repentina independencia de Cataluña las dejase fuera del marco de la Unión Europea. Los futuras decisiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez para mantener el favor y los votos de Junts influirán en gran medida en las decisiones que tomen estas empresas asentadas en Salamanca.