El Gobierno de Pedro Sánchez confía en ser capaz de armar un Pacto de Estado para proteger a la infancia y a la adolescencia de los abusos que se dan a través de las redes sociales y, en general, en Internet. Con la aprobación de ... una nueva ley que sirva de cerco para el consumo de porno para los menores, se busca evitar que vuelvan a darse datos como los que recientemente ha hecho públicos la ONG Save the Children, que cifra en un 50% a los adolescentes que han visto pornografía antes de cumplir los 13 años y en un 25% a los que reconocen haberlo hecho incluso antes de los 12.
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Junto a esta ley integral para la protección de los menores en internet, se prevé que también se diseñe una estrategia multidisciplinar que abarque los ámbitos de educación, competencias digitales e igualdad y la creación de dispositivos que impidan el acceso a contenidos pornográficos por parte de los menores de edad, teniendo en cuenta que, a día de hoy, los métodos de control de acceso no son estrictos y, en algunas ocasiones, no existen.
A finales del año pasado, la Agencia Española de Protección de Datos presentó un proyecto para verificar la edad de quienes acceden a estos sitios web junto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que, a la espera de saber cuál será su formato, está prevista para el verano de este año.
Restricciones en febrero
De cara a ponerle fin a un problema que parece no tener solución, los profesionales de la psicología inciden en que el consumo de estos contenidos deriva en algunos cambios en la conducta de quienes entran en estas plataformas. «El consumo de la pornografía equivale a tener comportamientos sexuales agresivos porque la pornografía no plantea una relación sexual normalizada. El consumo de contenidos pornográficos dibuja una relación sexual muy intensa y muy potente, lo cual, a veces, implica tener que ver contenido agresivo», asegura la vocal-presidenta por Salamanca del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, Belén Silguero.
Algunos mecanismos de protección empezarán a verse a partir de febrero, basándose en la Ley de Servicios Digitales. Los diferentes portales deberán controlar la edad de los usuarios y tendrán que prohibir los vídeos que no contengan el consentimiento expreso de sus autores.
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