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El Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Castilla y León han aceptado el pulso del Gobierno de España. Después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya optado por echar todas las culpas al Partido Popular del repentino fin de los descuentos en el transporte público por haber votado en contra del decreto ómnibus el pasado miércoles, las dos administraciones gobernadas por el PP han decidido mantener rebajas en el transporte urbano, metropolitano e interurbano. Y exigen a La Moncloa que lleve al Congreso de los Diputados un nuevo decreto destinado exclusivamente a prorrogar las ayudas, ya que su partido lo respaldará siempre que no mezclen «cuestiones que no tienen nada que ver entre sí».
«Lo que no es de recibo es que se pretendan colar en un mismo decreto cuestiones que no tienen nada que ver entre sí y algunas de las cuales se sabe de antemano que no van a contar con el respaldo de la mayoría parlamentaria. Ya me dirás que tienen que ver las ayudas al transporte con tratar de proteger a los okupas, suprimir las reducciones del IVA en determinados productos, o regalar patrimonio del estado a partidos políticos», esgrimía este jueves el concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, responsabilizando únicamente al Gobierno de no haber obtenido el apoyo suficiente en la Cámara Baja para la prórroga de las ayudas del transporte.
Pero el esfuerzo que están dispuestos a hacer Ayuntamiento y Junta no es el mismo. El Consistorio asumirá el 50 % de descuento en los abonos del autobús urbano, pero tan solo lo hará por un corto plazo de tiempo a la espera de que el Gobierno de España «mueva ficha». Por su parte, el Gobierno autonómico solo se hará cargo del 20 % de descuento en los abonos del autobús metropolitano que asumió desde un principio, por lo que desde hoy mismo el otro 30 % de rebaja que deberían abonar las arcas estatales se le repercutirá directamente al viajero. No obstante, la Junta tiene intención de mantener sus descuentos todo el año al margen de si el Gobierno central restablece o no sus ayudas. Eso sí, los títulos multiviaje ya adquiridos y que hayan sido comprados a mitad de precio seguirán teniendo validez.
Así, a los viajeros que este viernes se suban al transporte urbano de la ciudad del Tormes y paguen con el bonobús ordinario se les cobrarán 31 céntimos por viaje, exactamente lo mismo que desde el pasado 1 de enero. Pero, ¿hasta cuándo se mantendrá esta tarifa? No está claro. El edil Fernando Rodríguez aseguró que el Consistorio «va a esperar a que el Gobierno mueva ficha». Espera que ocurra en «unos días» porque no se muestra dispuesto a asumir todo el año la rebaja del 50 % en el servicio, que le supondría una merma de ingresos superior a los dos millones de euros.
«Confiamos en que asuma su responsabilidad, sino tendrá que dar explicaciones», insistió después de reclamarle que presente cuanto antes en el Congreso un nuevo decreto ley que pueda contar con el respaldo mayoritario para poder ser convalidado y que contaría con el respaldo del PP. A la Junta de Castilla y León le vale tanto esa opción como la tramitación por vía de urgencia en la Cámara Baja la proposición no de ley registrada por el PP para aprobar únicamente los descuentos en el transporte, según aseguró este jueves el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo.
«No se puede usar ni a los pensionistas ni a las personas que usan el transporte público como moneda de cambio para dar un palacete al Partido Nacionalista Vasco (PNV) ni para apoyar a los okupas ni para subir impuestos. Todavía estamos a tiempo de una solución», remarcó el también consejero de Hacienda.
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