SALAMANCA
Miércoles, 22 de mayo 2024, 19:43
Acusado de un delito de estafa por la adquisición de una motocicleta por internet y no abonar ni un euro del importe pactado con el propietario, E.G.J. ha sido juzgado este martes en el Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca como presunto autor de un delito de estafa por el que la Fiscalía le pide un año y medio de prisión, o alternativamente de blanqueo de capitales por imprudencia, por el que la pena es de siete meses de prisión y 500 euros de multa. A ello se suma la devolución del importe presuntamente apropiado, en total 450 euros.
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Según ha podido saber LA GACETA, el juicio quedó este martes visto para sentencia con los informes del fiscal y de la defensa que para asombro de los presentes ha alegado ante la juez: «Mi cliente es idiota, pero no es culpable de un delito».
Junto a él debía sentarse en el banco de acusados la mujer W.K.H.G., presunta coautora de los hechos, pero al no comparecer, el juicio se ha celebrado en su ausencia, al no superar la solicitud de pena los dos años de prisión.
Según recoge el Ministerio Fiscal en su escrito de calificaciones provisionales, E.G.J. y W.K.H.G., en ambos casos con antecedentes penales no computables en este procedimiento, puestos de común acuerdo y con ánimo de ilícito enriquecimiento, el 25 de agosto de 2022 contactaron con un varón aparentando estar interesados en la adquisición de una motocicleta que el perjudicado había puesto a la venta en el portal web Milanuncios.com.
Tras convenir con el afectado el precio, los acusados volvieron a mandarle mensajes desde el número de teléfono de W.K.H.G. aparentando ser de la mensajería GSL y le hicieron creer que para que recibiera el precio pactado por la moto, tenía que transferir en una cuenta corriente de la que E.G.J. era el único titular un importe de 250 euros a la citada cuenta y posteriormente otros 200 euros.
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Así, la madre del perjudicado hizo la primera transferencia de 250 euros a la citada cuenta y posteriormente su hermana otra de 200 euros desde su propia cuenta.
Las dos reclaman el dinero ya que el perjudicado nunca recibió lo que habían pactado.
En su declaración en el Juzgado, el acusado ha esgrimido que efectivamente la cuenta era suya, pero dijo que la abrió cumpliendo con el trabajo que le había sido encomendado por un agente de la Guardia Civil que lo había contratado para ejercer de 'cajero online'. Del dinero recibido por cada transferencia, ha manifestado el acusado, se quedaba con 50 euros y el resto lo invertía en bitcoins. «Me dijo que era guardia civil, cómo voy a pensar yo que no era (un negocio) legal», ha declarado.
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En el juicio ha declarado un guardia civil procedente de Tarragona que manifestó que el acusado hacía las funciones de 'mula' y que creía que habían captado al acusado para abrir cuentas corrientes y una vez recibido el dinero, comprar monedas virtuales.
El juicio ha quedado visto para sentencia.
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