Macrojuicio contra tres clanes, uno de Salamanca, por vender heroína y ‘coca’

Una larga investigación y un amplio proceso judicial que cuatro años después parece llegar a su fin. El “violento” grupo de traficantes detenido en la ‘Operación Infierno’ desarrollada por la Policía Nacional y la Guardia Civil en el verano de 2017 en Valladolid, Salamanca y Zamora se sentarán a partir de este martes en la Audiencia Provincial vallisoletana acusados de delitos de tráfico de drogas, tenencia de armas y pertenencia a organización criminal. En total, hay 38 acusados pertenecientes a tres clanes que presuntamente se dedicaban al tráfico de drogas en Castilla y León, uno de ellos asentado en Salamanca. En conjunto se enfrentan a 200 años de cárcel que les pide la Fiscalía.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso LA GACETA, fue a partir de marzo de 2016 cuando agentes de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valladolid comenzaron una investigación sobre las actividades ilícitas de venta de droga al menudeo, especialmente cocaína y heroína, en las inmediaciones de un domicilio de Valladolid capital. Fruto de las gestiones, se acordó autorizar la intervención telefónica de diversos terminales, lo que permitió a los agentes descubrir los contactos y reuniones entre los acusados y la mecánica de las transacciones de estupefacientes realizadas, averiguando además que para la venta de droga en Valladolid los cabecillas se proveían de estupefacientes adquiridos a clanes de Salamanca y Zamora, quienes a su vez se proveían de otros acusados y/o revendían a terceros comercializaban con terceros.

Entre los implicados salmantinos destacan M.V.J.M., más conocida como ‘La Titi’, una de las condenadas por el brutal crimen de ‘La Amparo’ en Pizarrales en el año 2017. Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, era la principal proveedora de otra de las acusadas, realizándole visitas “prácticamente semanales”. En el escrito también aparece su hijo, más conocido como ‘El Chispi’, el joven que fue matado a tiros en enero de 2020 en el barrio de El Tormes; así como otros miembros de conflictivas familias de Salamanca.

En definitiva, en la operación policial se realizaron 31 registros en domicilios que permitieron la intervención de sustancias estupefacientes que hubieran alcanzado un valor de venta en el mercado ilícito de 144.000 euros y más de 10.000 dosis, así como dinero en efectivo, numerosos teléfonos móviles y armas. De la misma forma, se desmanteló 24 puntos de venta al menudeo y tres pisos que eran utilizados como laboratorios. Entre las piezas incautadas los investigadores destacan un fusil de asalto Kalashnikov con 211 cartuchos, un subfusil Uzi maraca Ero, una pistola semiautomática Star, un revólver British Bulldog, un bolígrafo pistola, una escopeta del calibre 12, una carabina del 22, y una pistola detonadora modificada.

Por todo ello, el fiscal solicita para los 38 acusados —en la operación se detuvo a 66 personas pero muchos han quedado fuera del proceso judicial— penas que van desde el año y medio de prisión hasta los siete años y medio por delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, principalmente.

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