La Guardia Civil de Salamanca investiga a un hombre por ejercer como veterinario sin serlo

Un hombre está siendo investigado por la Guardia Civil de Salamanca como presunto autor de un delito de falsedad de documento privado e intrusismo profesional por, supuestamente, ejercer como veterinario sin tener el correspondiente título académico. El caso está siendo estudiado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del Instituto Armado.

Según ha podido saber este diario por fuentes del caso, los agentes nada más tener conocimiento de los hechos se pusieron en contacto con el varón y este fue citado en dependencias de la Guardia Civil, donde se le leyeron sus derechos como presunto autor de los dos delitos mencionados anteriormente. En concreto, las mismas fuentes apuntan a LA GACETA que el hombre, hasta hace tan solo unos meses atrás, contaba junto a otra persona —que al parecer sí cuenta con el título académico— con una clínica veterinaria en el municipio de Villamayor y es por su participación en este negocio por el que ahora está siendo investigado. Concretamente, los agentes lo hacer por presuntamente poner vacunas a perros y/o autorizar las mismas con su firma, algo que se confirmará o no con el avance de las gestiones que en este momento continúan practicando los agentes.

Así, las investigaciones se centran ahora en tomar declaración a todos los profesionales que guardaron relación con esta clínica de Villamayor, así como a algunos clientes de la misma. No obstante, las fuentes consultadas por este periódico apuntan a que el varón investigado declinó prestar declaración en la Comandancia de la Guardia Civil y tras ello quedó en libertad, a la espera de ser citado en los Juzgados de Salamanca, donde también tendrá la oportunidad de explicarse y relatar su versión de los hechos al juez.

El intrusismo profesional está recogido en el Código Penal. En el artículo 403 se menciona que el que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente, incurrirá en la pena de multa de doce a veinticuatro meses.

Además, se impondrá una pena de prisión de seis meses a dos años si concurriese alguna de las siguientes circunstancias: si el culpable se atribuyese públicamente la cualidad de profesional amparada por el título referido; o si el culpable ejerciere los actos en un local o establecimiento abierto al público en el que se anunciare la prestación de servicios propios de aquella profesión.

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