Un agente en uno de los registros. GUARDIA CIVIL

A juicio una vietnamita por esclavizar a un compatriota para que no descuidase ni un segundo su plantación de 'maría' en Puente del Congosto

La Fiscalía le pide 10 años de prisión por tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y trata de seres humanos

M. C.

SALAMANCA

Sábado, 14 de octubre 2023, 06:15

Acusada de explotar hasta el extremo a un compatriota, de origen vietnamita, para que mantuviera en perfectas condiciones una plantación 'indoor' de marihuana en Puente del Congosto, T.H.T. se sentará este lunes en el banco de acusados de la Audiencia Provincial de Salamanca.

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Según ha podido saber LA GACETA, la Fiscalía la acusa de un delito contra la salud pública, otro de defraudación de fluido eléctrico y uno más de trata de seres humanos, por los que le pide una condena total de 10 años de prisión y más de 37.00 euros de multa. Junto a ella fue detenido un varón, también de origen vietnamita, que ha sido declarado en rebeldía.

A causa de la operación, que la Guardia Civil culminó en enero de 2022, fueron liberadas dos víctimas, de la misma nacionalidad, que eran explotadas por el grupo para cuidar de dos plantaciones. Ambos se encontraban en situación de semiesclavitud por parte de sus compatriotas, de manera que vivían en condiciones higiénico-sanitarias deplorables, teniendo incluso limitado el acceso al aseo, dado que la prioridad absoluta era su dedicación al cultivo de las plantaciones.

Tal y como informó en su momento el instituto armado, la operación permitió, asimismo, desarticular un grupo criminal de ciudadanos vietnamitas que establecían plantaciones de cannabis sativa en inmuebles alquilados, custodiadas por compatriotas a los que tenían esclavizados aprovechando su situación de vulnerabilidad. Como consecuencia de la misma, se detuvo a los acusados, T.H.T. y T.M.V. -el varón, en rebeldía-.

La investigación comenzó en diciembre de 2021, en los que se tuvo conocimiento de que, en Puente del Congosto, varios individuos foráneos que habían alquilado una casa, a la que acudían ocasionalmente, habían llamado la atención de sus vecinos por su excesivo cuidado por pasar desapercibidos.

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Se trataba de personas de nacionalidad vietnamita en situación irregular, que habían fijado su base de operaciones en un domicilio en Ávila y acudían entre semana a otras viviendas alquiladas en Puente del Congosto y Brunete (Madrid).

Entre los días 19 y 21 de enero de 2022, agentes de la Guardia Civil de Salamanca procedieron a la entrada y registro de los inmuebles y confirmaron que en ambas ubicaciones había instaladas sendas plantaciones de cannabis sativa, interviniendo 800 plantas y demás material propio para el cultivo de esta sustancia.

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En las plantaciones, los agentes localizaron a dos ciudadanos de la misma nacionalidad que eran obligados a vivir en condiciones higiénico-sanitarias deplorables, teniendo incluso limitado el acceso al aseo, dado que la prioridad absoluta para la trama era el cultivo de las plantaciones. Así por ejemplo casi ni podían asearse porque la ducha estaba llena de útiles para el cuidado de las plantas e incluso dormían en la cocina.

La Guardia Civil descubrió en 2017 una modalidad de trata de seres humanos relacionada con la explotación de personas con la finalidad de cometer actividades delictivas, como es el cultivo de drogas.

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Este fenómeno obedece al afán de las organizaciones criminales de aumentar los beneficios de su actividad ilícita mediante la explotación de personas que son obligadas a permanecer durante las 24 horas del día al servicio de la organización criminal.

Los captores aprovechaban la situación de vulnerabilidad de las víctimas, que, huyendo de la pobreza de su país de origen, deciden emigrar a Europa en busca de un futuro mejor y, fruto de la desesperación, caen en las redes de trata de seres humanos que abusan de ellas para la comisión de actividades delictivas.

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Estas organizaciones exigen a las víctimas el pago de una cantidad de dinero por diversos conceptos como el transporte, la alimentación o la vivienda y, debido a que los perjudicados carecen de recursos económicos son obligados a trabajar para hacer frente a esas deudas.

Las víctimas sufren una absoluta situación de dependencia de sus captores, quienes llegan a limitarles sus comunicaciones y a retirarles su documentación, evitando de esta forma que puedan escapar o dar la voz de alarma, teniendo en cuenta, además, las dificultades que provoca el total desconocimiento del idioma del país en el que son explotadas.

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