La Audiencia Provincial de Salamanca dejó visto para sentencia este viernes la causa seguida contra M.F.M., un hombre acusado de delitos de estafa, falsedad y contra los derechos de los trabajadores tras estafar a un empresario con servicios de gestoría.
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La actuación arrancó a raíz de un informe de la Seguridad Social, que advertía de que dicho empresario podría presentar en su negocio a trabajadores con altas ficticias. Previamente a estos hechos, el empresario había contratado al supuesto gestor—M.F.M—, por lo que desconocía de dichos fraudes.
Al parecer, el acusado usó los datos de la empresa con la que trabajaba para dar de alta en la Seguridad Social de forma fraudulenta a personas inmigrantes, en situación de desempleo, para regularizar su situación o para beneficiarse de prestaciones sociales de desempleo.
En ningún caso las cuotas se ingresaban en la Seguridad Social, apropiándose de ellas el acusado. Todo ello, sin el consentimiento ni conocimiento del empresario.
Asimismo, M.F.M. habría simulado los documentos a nombre de esta empresa de la que era gestor. Con estas altas ficticias, el beneficiario podía regularizar su situación administrativa para acceder al cobro de prestaciones sociales simulando falsos períodos de cotización. Por todo ello, se inició un expediente sancionador en materia de Seguridad Social por infracciones en el cual se impuso una sanción al dueño de la empresa, desconociendo este en todo momento dichas estafas hasta la fase ejecutiva. Este tuvo que proceder al abono de 30.000 euros de base, más las cuotas de los trabajadores.
Por tales hechos, la Fiscalía solicita al hombre M.F.M. la pena de dos años de prisión y seis meses de multa con una cuota diaria de tres euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Así como al abono de las cantidades estafadas en materia de responsabilidad civil, aunque, por otro lado, el Ministerio Fiscal no se opone a que se le apruebe la suspensión de la pena privativa de libertad si el condenado cumple una serie de requisitos como el abono de la responsabilidad civil en favor de la víctima.
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