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SALAMANCA
Sábado, 17 de febrero 2024, 06:45
Acusado de haberse apropiado del dinero recaudado con la venta de bombonas y de estufas de gas, propiedad de la empresa para la que trabajaba, así como de entregar facturas falsificadas a los clientes, J.M.H.P. se sentará en el banco de acusados de la Audiencia Provincial de Salamanca el próximo día 26 de febrero. Los hechos de los que se le acusa tuvieron lugar entre noviembre y diciembre del año 2021 cuando el acusado era trabajador y prácticamente el 'hombre de confianza' de la empresa Agrotécnicas Extremeñas S.A., distribuidora oficial de Cepsa en prácticamente media España y Portugal. Le acusan de apropiarse de más de 6.000 euros que debía haber entregado a la empresa para la que trabajaba.
Según informan fuentes consultadas por LA GACETA, el Ministerio Fiscal le pide por estos hechos una condena de dos años de prisión, pena que la acusación particular eleva a cuatro años y seis meses de prisión al considerar al acusado responsable de los delitos de apropiación indebida y estafa en concurso con otro de falsedad en documento mercantil. Le pide asimismo el pago de un multa de 12 meses a razón de 10 euros diarios (3.600 euros), además de 6.339,78 euros en concepto de responsabilidad civil, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
Los hechos de los que se acusa a J.M.H.P. tuvieron lugar en los últimos meses del año 2021 cuando presuntamente se habría apropiado del dinero de la recaudación obtenido por la venta de bombonas de gas y de las conocidas como estufas de invierno, productos que él mismo vendía pero que no le pertenecían a él sino a la empresa para la que trabajaba.
Se le acusa también de quedarse con el dinero de otros trabajadores de la empresa, compañeros suyos que cubrían otras zonas, porque también se dedicaba a recaudar el dinero de estos supuestamente para que no tuvieran que desplazarse hasta Jaraíz de la Vera, donde la empresa tiene su sede central, dinero del que al parecer también se apropiaba.
Como consecuencia de ello, señalan fuentes consultadas por este diario, la empresa le despidió, despido que él aceptó y no impugnó.
En total, el importe apropiado se eleva a 6.339,78 euros, importe que ahora se le reclama en concepto de responsabilidad civil.
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