La juez no cree al abogado que llamó «idiota» a su cliente en Salamanca y concluye que su ignorancia fue «deliberada»

El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca acogía el pasado 21 de mayo un juicio por estafa durante el que uno de los letrados de la defensa realizaba un sorprendente alegato en el que solicitaba la absolución de su representado llegando a manifestar: «Mi cliente es idiota, pero no es culpable de un delito». Pues bien, la juez ha dictado sentencia y, lejos de darle la razón al letrado, ha declarado culpable al acusado, E.G.J., del delito de estafa del que se le acusaba por el que le ha condenado a siete meses de prisión y la devolución del importe apropiado (450 euros).

Entre los fundamentos empleados por la juez en su sentencia, a la que ha tenido acceso LA GACETA, destaca el de «ignorancia deliberada» . Es decir, cuando alguien se mantiene en la situación de no querer saber, pero no obstante, presta su colaboración, se convierte en acreedor de las consecuencias penales.

En el caso de la también acusada, W.K.H.G., que no compareció a juicio pese a lo que también se celebró contra ella al estar representada por su abogado, la juez no considera que ambos actuaran de mutuo acuerdo y le condena tan solo por un delito leve de estafa a dos meses de multa con una cuota diaria de 6 euros (360 euros).

El 25 de agosto de 2022, E.G.J. y W.K.H.G. contactaron con un varón aparentando estar interesados en la adquisición de una motocicleta que el perjudicado había puesto a la venta en el portal web Milanuncios.com.

Después de convenir con el afectado el precio, los acusados volvieron a mandarle mensajes desde el número de teléfono de W.K.H.G. aparentando ser de la mensajería GSL y le hicieron creer que para que recibiera el precio pactado por la moto, tenía que transferir en una cuenta corriente de la que E.G.J. era el único titular un importe de 250 euros a la citada cuenta y posteriormente otros 200 euros.

Así, la madre del perjudicado hizo la primera transferencia de 250 euros a la citada cuenta y posteriormente su hermana otra de 200 euros desde su propia cuenta.

Las dos reclaman el dinero ya que el perjudicado nunca recibió lo pactado.

En su declaración en el juicio, el acusado esgrimió que efectivamente la cuenta era suya, pero dijo que la había abierto cumpliendo con el trabajo que le había sido encomendado por un agente de la Guardia Civil que lo había contratado para ejercer de 'cajero online'. Del dinero recibido por cada transferencia, dijo que se quedaba con 50 euros y el resto lo invertía en bitcoins. «Me dijo que era guardia civil, cómo voy a pensar yo que no era (un negocio) legal», manifestó.

En el juicio declaró un guardia civil de Tarragona que expuso que el acusado hacía las funciones de 'mula' y que creía que habían captado al acusado para abrir cuentas corrientes y una vez recibido el dinero, comprar monedas virtuales.

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