Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad requisaron durante 2023 un total de 3.670.061 productos falsificados que habrían alcanzado en el mercado un valor de 148 millones de euros. También se llevaron a cabo 1.310 operaciones que culminaron en la detención o investigación de 1.238 personas por delitos contra los derechos de propiedad industrial.
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Así se refleja en los datos anuales de las intervenciones y de la actividad contra la venta de falsificaciones, publicados este jueves por el Ministerio del Interior en el Portal Estadístico de Criminalidad, en su apartado 'Datos / Propiedad Industrial', y que recogen operaciones de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra, Mossos d'Esquadra y policías locales.
Interior incautó en 2023 más de 48.450 de falsificaciones en Castilla y León, de las cuales, solo en la provincia de Salamanca, se intervinieron un total de 41.993 de objetos.
El mayor porcentaje de productos falsificados intervenidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad corresponde al sector textil (62 %). Le siguen, por volumen, los sectores de la juguetería (12,9 %), marroquinería y complementos (4,5 %) y calzado (3,1 %).
En cuanto a los puntos de incautación de la mercancía, la mayor cantidad de productos falsificados se ha hallado en naves, fábricas y almacenes (67,8 %), seguido de establecimientos comerciales (18,4 %) y domicilios (5,1 %). Cataluña, Madrid, Comunitat Valenciana, Illes Balears y Región de Murcia son las comunidades autónomas donde se han incautado mayor número de artículos falsificados.
La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Industria y Turismo, ha agradecido la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en las operaciones de lucha contra las falsificaciones, incautación y retirada del mercado de los productos falsos.
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Las infracciones a los derechos de propiedad industrial tienen «consecuencias nefastas para la economía y la sociedad, destruyen puestos de trabajos directos, y reducen la venta de los productos legítimos», ha explicado la Oficina. Los productos falsificados suponen un riesgo para los consumidores, al eludir los controles de calidad y las normas de fabricación, así como los controles e inspecciones oportunos para su posterior comercialización de forma segura.
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