Salamanca
Jueves, 15 de junio 2023, 15:10
El entrenador de fútbol sala de categoría juvenil que fue detenido en el año 2020 por acoso sexual a menores, ha reconocido en parte que falseó sus antecedentes penales -solo la fecha, dijo-, que tenía en su whatsapp un vídeo en el que se veía a dos menores de 10 y 12 años masturbarse -pero porque alguien lo envió a un grupo en el que había más gente y que a él se le olvidó borrarlo, alegó-, así como las obscenas conversaciones de whatsapp con uno de los menores -mensajes de tipo sexual, pero que no hizo con ánimo libidinoso, dijo, sino como una estrategia para tratar de ayudarlo, mantuvo-.
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La Audiencia Provincial de Salamanca ha acogido el juicio contra F.M.R. y su declaración se produjo con los funcionarios de Justicia manifestándose en la plaza de la Constitución, justo debajo, de manera que en varias ocasiones el acusado llegó a manifestar que los ruidos y pitidos de los funcionarios le estaban poniendo «nervioso, aún más nervioso», hasta el punto de que a la hora de su inicio, el tribunal tuvo que hacer un receso de media hora por la imposibilidad de continuar a causa del ruido en la sala.
A preguntas del fiscal -no respondió a las acusaciones particulares y su letrado no le efectuó pregunta alguna- , el acusado, que a día de hoy tiene 39 años, reconoció haber sido condenado por posesión de material pornográfico y haber modificado el certificado de antecedentes penales, pero «solo la fecha, el documento era real», dijo y explicó que lo hizo porque lo necesitaba para una actividad deportiva con el Ayuntamiento de Salamanca, que no se llegó a celebrar por la pandemia, y el Ministerio de Justicia tardaba mucho en enviárselo.
Reconoció también que tenía un vídeo en el que se veía a dos menores de 10 y 12 años practicándose una felación, respecto al que alegó que lo había mandado «un chaval» a un grupo en el que estaba y que se distribuyó entre todos los miembros: «Uno recibe 30.000 mensajes al día, 1.000 bobadas y no le di más importancia, lo tenía que haber borrado, pero ya le digo, lo tienen todos en el grupo», dijo dirigiéndose al fiscal.
A continuación, el fiscal comenzó a preguntarle por todos y cada uno de los mensajes que fueron hallados en su móvil, mensajes de whatsapp, muchos de índole sexual y en tono obsceno, en los que hablaba con uno de los afectados, un menor, respecto a los que comenzó diciendo que «no los recordaba con exactitud y acabó explicando que respondían a «una estrategia» para in tentar ayudarlo porque no lo veía bien. «Él me estaba haciendo todo el rato proposiciones de tipo sexual y yo decía este tipo no está bien o se ha fumado algo... eran una serie de proposiciones súper extrañas, y yo le seguí para quedar con él y ver de qué va ese rollo tan extraño a ver si podía ayudarle..., a ver si hablando conseguimos solucionarlo», reiteró, expuso, concluyendo que pasado el tiempo se ha dado cuenta de que con su supuesta «estrategia» se equivocó, señalando al fiscal: «Me equivoqué. Tiene usted toda la razón, visto con el tiempo tiene toda la razón. Con el tiempo creo que esa estrategia estuvo mal, pero no lo hice con la intención que usted me dice».
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Tal y como avanzó LA GACETA, la Fiscalía le acusa de un delito de childgrooming o ciberacoso sexual en concurso real con un delito continuado de abusos sexuales, un delito de embaucamiento para la consecución de pornografía infantil, un delito de posesión de material pornográfico infantil y un delito de falsedad en documento oficial. Apreciaba además que en su caso concurre la agravante de reincidencia respecto al delito de posesión de material pornográfico infantil.
Le pide 9 años de prisión, 2.160 euros de multa, 9 años y medio de prohibición de aproximación y comunicación a menos de 300 metros con las víctimas, así como 8 años más de libertad vigilada. Pero además, le pide inhabilitación especial para cualquier cargo, oficio o profesión que conlleve contacto directo con menores durante 7 años.
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Respecto a la responsabilidad civil, le reclama 9.000 euros en concepto de intromisión en la indemnidad sexual de uno de los menores y 2.000 euros más por los daños morales ocasionados a otro.
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