El acusado, ayer, ante el tribunal de la Audiencia Provincial. L. G.

El empresario salmantino que retuvo el embargo de un empleado no irá a prisión si paga el dinero apropiado

J.G.O. ha aceptado dos años de cárcel por quedarse con el dinero destinado a la pensión de los hijos del trabajador. La Audiencia ha acogido la conformidad entre las partes

M. C.

Salamanca

Lunes, 7 de abril 2025, 16:41

Un empresario de Salamanca ha sido condenado a dos años de prisión por apropiación indebida tras quedarse durante seis años con el dinero embargado del sueldo de uno de sus trabajadores, destinado al pago de la pensión alimenticia de sus hijos. La sentencia es fruto de un acuerdo entre las partes, por el cual el acusado evitará entrar en prisión si paga parte de lo sustraído en los plazos fijados por el tribunal, informan fuentes del caso a LA GACETA.

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Según la acusación, J.G.O. dejó de ingresar un total de 15.550 euros entre 2019 y 2024, pese a estar obligado judicialmente a transferir esas cantidades mensuales al juzgado. El dinero, descontado del salario de su empleado, nunca llegó a su destino, es decir a los hijos del trabajador en cuestión.

La Audiencia Provincial de Salamanca ha acogido este lunes la conformidad entre las partes, con la que J.G.O. se ha mostrado de acuerdo: una pena de dos años de prisión, suspendida con la condición de que abone 2.000 euros en los diez días siguientes a la notificación de la sentencia y 200 euros mensuales hasta cubrir el total de lo apropiado, incluidos intereses y costas judiciales.

Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular -que inicialmente pedía hasta siete años de prisión- han aceptado el acuerdo con la defensa, que cierra el procedimiento con una reparación del daño y sin ingreso en prisión, si se cumplen los pagos pactados.

La cantidad apropiada por el empresario corresponde a distintos ejercicios: 2.800 euros en 2019, 1.600 en 2020, otros 2.800 en 2021, 4.000 en 2022, 2.950 en 2023 y 1.400 en lo que va de 2024.

La acusación consideró especialmente grave que se tratase de dinero embargado con destino a menores, lo que agrava el perjuicio causado y daña la eficacia del sistema judicial.

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