La Audiencia Provincial de Salamanca ha declarado culpable a A.S.P., autor responsable de un delito continuado de estafa tras apoderarse de al menos 100.000 euros de otro hombre que conoció en el año 2015. Por tales motivos, se le impone por conformidad de las partes una pena de dos años de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y multa de 6 meses con una cuota diaria de 6 euros. El tribunal le impone además en la sentencia, a la que ha tenido acceso LA GACETA, 100.000 euros en concepto de responsabilidad civil, que se corresponde con la cantidad de dinero entregada al acusado; y las costas del juicio.
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Tal y como publicó LA GACETA, A.S.P., conocido como el 'exagente bancario de Morasverdes' fue condenado en 2018 a cuatro años de cárcel por un delito de apropiación indebida tras estafar a 21 vecinos de la localidad salmantina. La Audiencia Provincial de Salamanca dictó la sentencia en la que fue condenado a cuatro años de prisión, así como el pago de una multa de 4.050 euros y le inhabilitó al ejercicio de cualquier tipo de actividad profesional de asesoramiento financiero y/o relacionada con la actividad bancaria por diez años. En concepto de responsabilidad civil, le impuso además y subsidiariamente con el Banco de Santander, el abono de un importe próximo a los 300.000 euros en concepto de indemnizaciones a los perjudicados, en su mayoría ancianos, algunos de ellos enfermos. Por último le impuso además el pago de otros 50.000 euros en números redondos a la citada entidad, más los intereses legales abonados por esta a los clientes afectados. La Audiencia declaró probado que A.S.P. comenzó a prestar servicios como agente colaborador del Banco de Santander en la oficina de Morasverdes, donde nació y vivía, hacia el año 2000. Mantenía contacto habitual con los clientes del banco, muchos conocidos de toda la vida y entre ellos ancianos y enfermos, habiendo influido en su contratación por el banco este grado de conocimiento de los vecinos y la confianza que en él depositaban. Debido a ello, les hacía frecuentes visitas, sin perjuicio de atenderles en la oficina de la entidad, ocupándose de hacer gestiones personales de estos como cobro de pensiones y aperturas de cuentas y plazos, evitando así en ocasiones el desplazamiento de los clientes a la oficina. En base a esta relación de confianza, los afectados le entregaron diversas cantidades de dinero para ingresar en las cuentas de las que eran titulares o simplemente firmaron documentos para que A.S.P. pudiera realizar por sí mismo las operaciones retirando dinero de las cuentas para entregarlo posteriormente a los clientes, efectuar ingresos en otras o realizar distintas operaciones, habiendo procedido a disponer en beneficio personal de parte del dinero de tales clientes, en total 21.
Actualmente declara probado el tribunal—que ha acogido el juicio el pasado lunes 13 de enero— que A.S.P., mayor de edad, conoció a la víctima en el año 2015, surgiendo entre ellos cierta relación de confianza. En el mes de enero de 2016 A.S.P., movido por el ánimo de ilícito enriquecimiento, y tras alegar diversos pretextos, comenzó a solicitar a la víctima determinadas cantidades de dinero en efectivo. El afectado, guiado por la confianza que le inspiraba el aparente estatus económico y social del acusado en su condición de agente colaborador de cierta entidad bancaria, accedió a dichas entregas de dinero, comprometiéndose el acusado, por escrito, a devolverle con creces las cantidades entregadas, todo ello con la intención de dar una mayor apariencia de credibilidad, cuando en realidad no tenía la más intención de reintegrar cantidad alguna, repitiéndose dicha dinámica a lo largo de todo el año 2016 y el 2017, con entregas de distintas cantidades de dinero en numerosas ocasiones.
En este orden de cosas, y durante el referido periodo de tiempo, la víctima llegó a entregar en mano al acusado la suma de 100.000 euros que fue sacando paulatinamente de su cuenta corriente y que el acusado incorporó definitivamente a su patrimonio. Por tales motivos y por conformidad de las partes, el tribunal le impone dos años de prisión y multa de seis meses con una cuota diaria de seis euros.
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