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Lunes, 17 de abril 2023, 23:58
El Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca ha condenado a un cura de Ciudad Rodrigo, R.V.P., como autor de un delito continuado de abusos sexuales al pago de 18 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros (3.240 euros) o, en caso de impago, a un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, así como a que indemnice al afectado en la suma de 1.500 euros por daños morales y al pago de las costas. La sentencia aún no es firme y contra la misma cabe recurso ante la Audiencia Provincial.
Según declara probado la sentencia, a la que ha tenido acceso LA GACETA, R.V.P., sin antecedentes penales, sacerdote de la diócesis de Ciudad Rodrigo, prestó sus servicios como profesor del Seminario Diocesano San Cayetano del municipio desde el 1 de septiembre de 2012 hasta el 8 de diciembre de 2020, fecha en la que cesó en dicho cargo.
En el mes de septiembre de 2020 entró como alumno en el internado del seminario el afectado, de 17 años, siendo uno de los profesores que le impartían asignaturas, concretamente la de Historia Universal, el acusado.
Al poco de empezar el menor sus estudios en el seminario, el acusado mostró una especial obsesión por él, lo que se manifestó en una ocasión, probablemente en octubre de ese mismo año, en que al salir de clase, el acusado se acercó a dicho joven y le retorció un pezón por encima de la ropa, repitiéndose tal actuación en fecha posterior no especificada.
En otra ocasión, durante un examen escrito, el acusado se acercó al joven y le acarició la mano.
Otras veces, añade la sentencia, aprovechando que con motivo de la pandemia fuera obligatorio esterilizarse las manos a la entrada de clase, el acusado le administraba al chico el gel hidroalcohólico directamente con sus manos.
Otro día, al pasar cerca de él, el acusado intentó tocarle el culo, no siguiendo adelante con estos tocamientos porque el alumno le apartó.
Según consta en las actuaciones, en épocas anteriores, concretamente en los años 2012, 2016 y 2018, el acusado había sido advertido por las autoridades diocesanas del seminario de Ciudad Rodrigo, con motivo de otras actividades sospechosas con alumnos, de que se abstuviera de efectuar conductas de acercamiento y familiaridad con los alumnos del mismo, concluye.
Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de abusos sexuales, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
El acusado, señala la sentencia, manifestó en el juicio que varias veces agarró el pezón por encima de la ropa al denunciante y se lo apretó y que le tocó la barriga y el flequillo pero nunca, declaró, con una intención lasciva, libidinosa o sexual. Que a veces echaba el gel a los alumnos directamente en las manos agarrándolas, pero sin acariciar, sin sesgo sexual y que le advirtieron de que estos comportamientos eran “intolerables” y que “dentro del centro no se podían permitir”, pero que no lo hace con mala intención, que “son gestos que le salen naturalmente y que se ha puesto a controlarlos con un psicólogo y que lo que intenta es mostrarse cercano”.
Por su parte, el denunciante manifestó que el acusado le hizo “cosas raras como retorcerle un pezón por encima de la ropa” y que “le daba gel acariciándole las manos”.
“Del conjunto probatorio resulta prueba de cargo suficiente que acredita la realidad de los hechos denunciados y que han sido objeto de acusación. Ello con la precisión de que no cabe atribuir al acusado un ánimo libidinoso como elemento central en su proceder, como así puso de relieve en sus manifestaciones, pero sin que pueda obviarse igualmente que los hechos probados no dejan de estar revestidos de cierto componente sexual en los márgenes del referido ánimo, y que así fue percibido tal comportamiento por la víctima, quien hubo de someterse a tratamiento psicológico a consecuencia de tales hechos”, señala el Juzgado, que concluye que “procede por tanto moderar la pena a imponer en el sentido interesado por el Ministerio Fiscal (un año y medio de prisión), así como condenar al acusado en el importe de la indemnización solicitada por daños morales”.
Fuentes del Obispado de Salamanca precisan que fue la oficina diocesana de protección de menores la que puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Salamanca tan pronto fueron denunciados por el afectado, siendo apartado entonces el presbítero de las funciones que en ese momento venía realizando en el seminario.
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