Una venezolana recupera su dinero sustraído en un fraude con tarjetas activadas en un banco salmantino

Una clienta ha logrado en los tribunales que se le reconozca el derecho a recuperar sus ahorros tras sufrir un fraude bancario que se gestó en una oficina de Salamanca. La mujer, residente en Venezuela, fue víctima de una suplantación de identidad que permitió activar sus tarjetas bancarias sin que llegaran a sus manos. Las tarjetas jamás salieron físicamente de la sucursal bancaria, pero alguien logró activarlas telefónicamente, facilitando datos personales que permitieron sortear los controles de seguridad.

Entre los días 8 y 19 de septiembre de 2017, se realizaron múltiples operaciones en comercios de España por un total de 23.852,49 euros, empleando las tarjetas activadas fraudulentamente. La clienta, que había solicitado las tarjetas desde Caracas, descubrió meses después el desfalco al acceder a su cuenta online. Inmediatamente avisó a la entidad y presentó una denuncia penal.

En noviembre de 2022, el Juzgado de Primera Instancia número Tres de Salamanca dio la razón a la mujer, representada por el abogado salmantino Santiago Jiménez Sierra, condenando a la entidad bancaria a devolverle la cantidad íntegra, más los intereses legales correspondientes. La entidad recurrió, pero la Audiencia Provincial de Salamanca confirmó la sentencia en abril de 2024, rechazando todos los argumentos de apelación y remarcando la responsabilidad de la entidad en el fallo de seguridad.

Uno de los aspectos más graves del caso, según refleja la sentencia, fue la activación de las tarjetas a través de una llamada telefónica realizada desde un número que no figuraba en los archivos del banco como perteneciente a la clienta. Pese a este indicio de alerta, la entidad permitió completar el proceso de activación. En la grabación de la llamada, aportada como prueba, se escucha cómo una empleada advierte que no se puede activar el comercio electrónico seguro (CES) porque el número de teléfono no está registrado, pero aun así se continúa la gestión.

Además, la persona que llamó aseguraba tener en su poder las tarjetas, algo imposible, ya que estas permanecían físicamente en la sucursal salmantina. La entidad no realizó ninguna comprobación para verificar la identidad del solicitante ni el estado de entrega de las tarjetas. Este hecho fue considerado clave por los magistrados para concluir que no se actuó con la diligencia debida.

Tanto el juzgado de instancia como la Audiencia Provincial consideran que el fraude fue posible por una cadena de fallos del sistema de seguridad de la entidad, que no verificó adecuadamente la identidad del interlocutor telefónico, activó tarjetas no entregadas y permitió su uso en comercios sin ninguna alerta adicional.

La Audiencia no solo confirma la condena inicial, sino que impone a la entidad el pago de las costas del recurso de apelación, subrayando que ha sido completamente desestimado. Con esta resolución, que ya es firme, la clienta recuperará la cantidad defraudada, además de los intereses legales.