A juicio por robar a su empresa 31.231 euros en material de telefonía

Un trabajador de una empresa de comunicaciones de Castilla y León se sienta este lunes en el banquillo del Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca acusado de un delito continuado de hurto. En concreto, se enfrenta a tres años de prisión que le pide el Ministerio Fiscal por presuntamente colarse, usando la tarjeta identificativa que tenía como empleado, en tres edificios de la capital donde se almacenaban los equipos y llevarse material valorado en 31.231 euros.

Tal y como se recoge en el escrito de calificaciones provisionales del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso LA GACETA, los hechos ocurrieron los días 8, 9 y 11 de abril de 2019.

El primer día el acusado, que entonces era empleado de una empresa de comunicaciones que a su vez trabajaba para una conocida compañía telefónica, accedió —empleando una tarjeta identificativa personal que tenía para poder entrar a los edificios a hacer su trabajo y que activa un lector que abre las puertas de los inmuebles— a la central del barrio del Rollo, donde se encuentran los equipos de telefonía y se llevó 25 tarjetas con código ALCN, con un valor de 925,08 euros cada una, dejando sin servicio a 144 clientes hasta que se arregló la anomalía.

Un día después, minutos antes de las 15.20 horas, el empleado, en idéntica acción a la relatada, entró esta vez a la central de la plaza de Los Bandos y se llevó 10 tarjetas con código ALIC con un valor de 602,20 euros cada una, tres swich (conmutadores) con un valor de 535,84 euros cada uno y un convertidor valorado en 412,39 euros, dejando en esta ocasión sin servicio a 29 personas.

No contento con ello, supuestamente volvió a actuar y el día 11 de abril de ese mismo año, alrededor de las 19.00 horas, entró en la central de la cuesta de San Blas y logró llevarse 24 clavijas de paso de repartidor coaxial, con un valor de 62,40 euros, lo que perjudicó a otros 280 clientes.

En definitiva, el Ministerio Fiscal indica que el valor de lo sustraído asciende a 31.231 euros, cuantía que le pide como indemnización además de los tres años de prisión por el delito continuado de hurto. En el escrito se apunta además que el trabajador en cuestión, antes de estos hechos descritos, había sido condenado por un delito leve de estafa.

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