Más de un centenar de personas serán indemnizadas por los daños de este fármaco durante el embarazo

Cientos de mujeres embarazadas podrán pedir la indemnización del Gobierno que ha aprobado el Boletín Oficial del Estado, debido a un fármaco con talidomida que causó problemas en multitud de mujeres y malformaciones en sus embriones.

La norma ha entrado en vigor hoy, dos días después de la reunión del Consejo de Ministros, y permitirá que todas las personas afectadas por la talidomida entre los años 1950 y 1935 podrán pedir su ayuda económica al Gobierno de España.

La talidomida es un fármaco que se recetaba en los primeros meses de gestación a las mujeres embarazadas, con el objetivo de paliar las náuseas y los vómitos durante el embarazo. Sin embargo, su efecto fue muy perjudicial puesto que ocasionó, en muchas ocasiones, problemas de salud y malformaciones en el embrión que posteriormente desembocó en el desarrollo de enfermedades raras.

También se llegó a recetar en otros países europeos como Alemania o Reino Unido, o incluso en otros continentes como América, donde las indemnizaciones llegaron mucho antes que a España.

Un total de 130 víctimas reconocidas por los daños que este fármaco causó en sus bebés podrán pedir esta ayuda, después de haber sido evaluado minuciosamente los casos por el Instituto de Salud Carlos III.

Tendrán derecho a percibir la ayuda aquellas personas que cumplan los requisitos de haber sufrido malformaciones corporales durante el proceso de gestación, compatibles con las descritas para la talidomida, cuyo origen no pueda ser explicado por otras embriopatías o alteraciones cromosómicas, durante el período 1950-1985.

Otra pauta obligatoria ha de ser que estas gestaciones se haya producido en España, y que la persona interesada figure inscrita en el Registro Estatal de Enfermedades Raras, gestionado por el Instituto de Salud Carlos III, en virtud del informe de validación positivo emitido por el Comité Científico-Técnico de la Talidomida.

La cuantía económica de las ayudas será de 12.000 euros por cada punto de discapacidad que la persona afectada tenga reconocida. Por ejemplo, si en uno de los casos la discapacidad fuera del 10%, la compensación sería de 120.000 euros.