Entre las doce medidas para fortalecer el derecho a la vivienda asequible que presentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace ocho días, incluyó que la recién creada Empresa Pública de Vivienda, que prevé impulsar miles de pisos a alquiler asequible, asuma los activos del «banco malo», las más de 30.000 viviendas que posee la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Se trata de, al menos, el tercer plan del actual Ejecutivo en los dos últimos años que confía en que parte de la solución del «problema habitacional» llegará a través de las casas, muchas de ellas en estado ruinoso, que posee esta sociedad destinada a comprar a los bancos activos tóxicos a un precio inferior al que estos pagaron por adquirirlos para tratar de darles salida. Ni en 2022 ni en 2023 se logró resolver así. Y todo apunta a que, por si solas tampoco lo van a lograr esta vez, ya que la mitad de ellas no admiten actualmente inquilinos. El 40 % de esos inmuebles que están en la provincia de Salamanca ya están habitados, según aseguran fuentes de la propia Sareb. Están arrendadas u okupadas. En la gran mayoría de los casos «son alquileres heredados del antiguo propietario a los que Sareb se ha subrogado», apuntan. Por tanto, de momento, no serían una opción válida para ampliar el alquiler social.
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El «banco malo» dispone actualmente de 1.156 inmuebles en la provincia. Pero solo una sexta parte de ellos serían viviendas. La mayoría son «anejos», una categoría en la que se incluyen garajes, trasteros, locales o hasta graneros, así como terrenos sin construir localizados principalmente en pequeños municipios de la provincia, donde no existe una alta demanda de vivienda, como Florida de Liébana, Babilafuente o Terradillos. La Sareb informa de que en la provincia dispone ahora de 181 viviendas. Son la mitad de las que había a principios de 2023. Entonces eran 354. No obstante, según explican desde la entidad, el número de activos oscila mucho ya que algunos de los inmuebles son vendidos a particulares u otras administraciones, mientras otras propiedades de los bancos son adquiridas por esta sociedad integrada por capital privado —entidades financieras— y público —a través del FROB, la Autoridad de Resolución Ejecutiva—. De hecho, las inmobiliarias que trabajan con la Sareb no anuncian ya muchas de los ruinosos pisos que ofrecían hace dos años. La oferta ha cambiado.
De esas 181 viviendas, más de la mitad, 91, se encuentran en la capital del Tormes. El segundo municipio en el que más casas tiene la Sareb es Encinas de Abajo (46). Le siguen Peñaranda de Bracamonte (23), Carrascal de Barregas (8), Calvarrasa de Abajo (5), Alba de Tormes (3), Calzada de Valdunciel (1), Carbajosa de la Sagrada (1), Doñinos de Salamanca (1) y Terradillos (1).
Ya en 2023, la Dirección General de Vivienda de la Junta de Castilla y León ya advirtió que, de todos los inmuebles de Salamanca que engrosan el patrimonio del «banco malo» —entonces la cifra ascendía a 353 viviendas—, solo una docena de ellos, incluso necesitando reformas previas, estaban en condiciones de ser habitados. Ese fue el resultado del cribado que realizó la administración autonómica de cara a la posible compra de alguna de ellas para sumarlas al parque de vivienda pública de la Comunidad. En la misma línea, profesionales del sector inmobiliario insistieron en el avanzado estado de deterioro en el que se encontraban muchas de esas viviendas que habían sido objeto de okupaciones o que estaban ruinosas tras años sin ningún tipo de mantenimiento. Aún así, el pasado noviembre la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio compró a la Sareb 34 viviendas de toda Castilla y León para destinarlas a alquiler social, algunas de ellas se encontraban en los municipios de Villamayor, Castellanos de Moriscos y Alba de Tormes. Un año antes, dentro de otra operación de traspaso de once viviendas, también adquirió un inmueble del «banco malo» en la capital del Tormes, que se sumaría a, al menos, otra que compró en 2022.
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