Uno de cada diez trabajadores de residencias salmantinas no están vacunados

Casi el 10% de los trabajadores de las residencias de ancianos salmantinas no se vacunaron en su momento. La consejera de Familia, Isabel Blanco, lo achacó en su día a motivos personales o sanitarios. Blanco señaló que, a pesar de los llamamientos realizados, sigue habiendo un porcentaje de personas que entiende que es mejor no vacunarse. Los datos se publicaron a finales del mes de abril y señalaban que de los 3.861 trabajadores que había en las residencias de mayores de la provincia salmantina, solo 374 habían rechazado la vacuna: un 9,6%.

A nivel de Castilla y León son casi 1.500 las personas –según los últimos recuentos-que le habían dicho “no, gracias” a la vacuna pese a estar trabajando en centros tan delicados como las residencias de mayores.

Esas 1.500 personas, suponen en torno al 6,3% de no vacunados por causas voluntarias. Por otra parte, había otro 4,2% que no pudo vacunarse por enfermedad, baja o por incorporarse al centro residencial después del proceso de vacunación en el mismo. Estos son los que sí han ido desapareciendo de la lista de ‘antivacunas’ durante los últimos meses, aunque Familia no cuenta con el dato más actualizado.

No dejan de ser cifras importantes que los responsables de las residencias consultadas por este diario asumen “con impotencia”. “En otros países de Europa o en Estados Unidos, si un médico no se pone la vacuna de la gripe, no puede poner ni un pie en su centro de trabajo. Aquí, sin embargo, no puedes obligar a nadie a vacunarse. Ni siquiera a los sanitarios. La prueba está en que cuando se hacen las campañas de vacunación contra la gripe dentro de los hospitales y centros de salud, no se llega ni al 50% de cobertura entre los trabajadores”, explican.

Varios profesionales del Derecho ya se han pronunciado en los medios de comunicación y aseguran que con la actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales no sería posible imponer una vacuna a nadie, por lo que haría falta una nueva norma a nivel nacional.

Diversas zonas de España como Murcia o Álava han realizado sendas consultas jurídicas para ver en qué medida se podrían adoptar las sugerencias del Ministerio de Sanidad. Otras, como Extremadura, ya han dejado claro que no van a perder el tiempo en implantar unas normas que, jurídicamente, no se pueden ejecutar en este país.

La otra opción, la de obligar a someterse a dos pruebas diagnósticas cada semana es mucho más factible, pero siempre y cuando quede perfectamente estipulado quién va a correr con el gasto de esas dos pruebas semanales.

• Temas
• Residencias de ancianos
• Vacunas
• Salamanca