Temor entre los usuarios de Isfas: «El Gobierno crea incertidumbre en miles de guardias civiles y sus familias»

Los cerca de 6.600 salmantinos que pertenecen a Isfas (Instituto Social de la Fuerzas Armadas) y reciben la cobertura sanitaria a través de clínicas privadas demandan al Gobierno que proceda a renovar sus convenios para no verse en la misma situación que los mutualistas de Muface, cuyo convenio finaliza el 31 de diciembre de este año.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la licitación del concierto de Muface, que da cobertura sanitaria a 1,5 millones de funcionarios, para los años 2025-2026 con una subida de la prima del 17,12 % mejorando la propuesta del 14 %.

Según ha informado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, esta mejora, la mayor de la historia desde que existen registros homologables, se distribuye en un 16,5 % en 2025 y un 0,62 % en 2026.

El problema es que las aseguradoras que prestan la asistencia sanitaria vienen solicitando un aumento del 40% y las personas más cercanas a la negociación apuntan a que el punto de encuentro se podría alcanzar en torno al 25%.

En el caso de no llegar a un acuerdo, y el tiempo apremia, los mutualistas de Muface tendrían que pasar al sistema público. En Salamanca hay más de 17.000 mutualistas, pero casi 6.000 ya optan por recibir la asistencia de Sacyl, por lo que serían 11.000 nuevas tarjetas las que habría que incorporar.

Del mismo modo, si se produce un problemas similar en Isfas -según denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles- el problema crecería en varios miles más de salmantinos afectados: hay 7.465 miembros de Isfas, pero 829 ya prefieren ser tratados por Sacyl. Esto deja a un total de 6.636 posibles pacientes que habría que sumar a la población de tarjetas sanitarias de la sanidad salmantina.

En concreto, la denuncia de AUGG señala que «el hecho de que el Gobierno avance en la renovación del concierto de Muface y no en el de Isfas resulta inadmisible, ya que crea una situación de incertidumbre para miles de guardias civiles y sus familias que dependen de estos servicios de salud. Esta falta de previsión pone en riesgo el acceso a una cobertura sanitaria adecuada y estable, lo que no solo afecta a los guardias civiles y militares, sino también a sus familias, que merecen el mismo trato y las mismas garantías que el resto de funcionarios públicos».

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