Temor por la caída de la contratación de personas con discapacidad por la pandemia

A pesar de los esfuerzos que se han realizado en las administraciones por incorporar cláusulas en las contrataciones, la inclusión, a la vista de las cifras, aún se encuentra lejos de ser una realidad. El responsable de Empleo de Asprodes, Juan Ruiz, señala que la covid ha supuesto “un freno” en la contratación de las personas con discapacidad y, de manera especial, sobre aquellas que tienen discapacidad intelectual. “En la física o sensorial se pueden hacer cosas, pero en la intelectual el teletrabajo prácticamente no existe”, detalla sobre el parón que tuvieron el pasado año en las contrataciones y que incluso les obligó a hacer un ERTE durante los meses más duros del confinamiento.

Ruiz explica que la integración en la empresa ordinaria continúa siendo “escasa”, por lo que entidades como Asprodes buscan paliar ese déficit con los centros específicos de empleo. Así, señala que tras la crisis de 2020 han vuelvo a la estabilidad con la gestión de los huertos urbanos y varias adjudicaciones de parques y jardines. También en la ausencia de contrataciones, el responsable de Empleo señala la subida del Salario Mínimo como una “dificultad añadida”. “Ha sido muy significativa en aquellos trabajadores sin cualificación y una difícil empleabilidad y capacidad productiva”, detalla.

En el ámbito de la discapacidad física, el director del CRMF de Salamanca, Ricardo Bravo, detalla que las personas con discapacidad se han visto afectadas “por el parón empresarial”. “La realidad, a veces es dura y sobre todo compleja. Aquí se preparan para un empleo con siete modalidades de formación y potenciación de la autonomía personal, pero en muchos casos tienen una doble discapacidad, también intelectual que les dificulta la inserción en el mercado laboral”, detalla Bravo.

En este sentido, reconoce que la dificultad para la entrada en la empresa ordinaria hace que muchas veces no se planteen ese salto, ya que necesitan una estabilidad para cambiar la prestación que reciben del Estado por la discapacidad por un trabajo, que si no da la suficiente seguridad no compensa a los beneficiarios. “Cuando pasan a tener un empleo y lo pierden, muchos se quejan de que tienen que volver a pasar por tribunales para que les valoren la discapacidad para saber si ha aumentado o disminuido provocando un cambio en las ayudas que anteriormente recibía”, reconoce Bravo que señala que el impacto de la pandemia se está observando en todos los sectores. Eso sí, reconoce que la realidad de Salamanca no ayuda a cambiar este escenario. “Es una provincia sin apenas dinamismo empresarial y eso se nota a niveles de contratación”, reconoce.