El tapón en la Justicia crece: un 34% más de casos pendientes en un año en Salamanca

Los asuntos que se acumulan en los despachos de los juzgados de Salamanca no dejan de crecer. Al cierre de 2023 eran más del doble que siete años antes. Desde 2017 el tapón que ralentiza la Justicia en esta provincia no ha parado de aumentar, pero fue durante el último ejercicio cuando más se incrementó el atasco. Los casos pendientes de resolución a 31 de diciembre eran 16.856. Son 4.316, un 34%, más que exactamente doce meses antes. Conforme a estos datos difundidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Salamanca es la cuarta provincia española en la que más aumentó la congestión en 2023, solo por detrás de Logroño (45%), Segovia (39,1%) y Guadalajara (37%). No es un problema que llegué por sorpresa. Ya hace casi un año, en abril de 2023, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, reclamó al Gobierno central una solución a las huelgas de funcionarios que estaban paralizando los juzgados ante el riesgo de «colapso».

En el origen del atasco destaca el aumento de asuntos y de carga de trabajo que soportan los órganos del partido judicial de Salamanca. Así lo destacó en la memoria de 2022 y lo ha confirmado en la de 2023, el ya ex decano de los jueces, Juan Rollán, quien en su último informe destacaba que en las salas de primera instancia se «supera persistentemente cada año el módulo de entrada de 1.200 asuntos, situándose en un promedio de entrada de casos en torno al 150%» respecto a esa cifra. Los datos del CGPJ confirman el incremento de los asuntos que llegan a los tribunales de la provincia. Frente a las 32.817 demandas y denuncias que ingresaron en 2022 en los tribunales, un año después fueron 35.113, casi un 7% más.

Pero la mayor carga de trabajo no es la causa exclusiva. La resolución de asuntos descendió ligeramente. El pasado año se cerraron 30.623 procedimientos. Fueron 295 menos (-0,95%) que en el ejercicio anterior. Sin embargo, la disminución fue mucho menor de la esperada, ya que los juzgados funcionaron a medio gas durante los 78 días que se prolongó la huelga de funcionarios, que se desencadenó pocas semanas después de concluir la que protagonizaron los letrados de la administración de justicia —secretarios—.

A principios de enero, el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que el Gobierno de España, llevaba casi un año sin actualizar, mostró el importante recorte de personal que han sufrido los órganos judiciales de Salamanca en los últimos años. En la última década el Ministerio ha reducido su plantilla en la provincia un 20%. En ese tiempo la administración estatal habría amortizado más de 900 puestos de trabajo. Así de los 456 trabajadores que se contabilizaban en julio de 2013, en el mismo mes de 2023 quedaban 366.Y en los doce meses previos a la elaboración de esa estadística se había registrado un descenso de personal del 12%, conforme a los propios datos del Ministerio para la Transición Digital y la Función Pública. En consonancia con este déficit de personal, en la última memoria que firmaba el juez Rollán, que se hizo pública hace un mes, evidenciaba la falta de plantilla para abordar el mayor número de demandas que se registran. Exponía que cinco juzgados de primera instancia piden aumentar la plantilla en uno o varios gestores y en otros tantos tramitadores o, en su defecto, que se adoptasen medidas de refuerzo, como la ampliación de jornada. También el Registro Civil reclamaba más manos para hacer frente al aumento de expedientes. Otras dos salas de instrucción exponían necesidades similares, y una tercera pedía ampliar la jornada de varios funcionarios para dar salida al trabajo acumulado durante los meses anteriores. En la misma línea, desde la circunscripción de penal se reclamaba, más allá de una tercera sala, a uno o dos gestores o tramitadores más de los que disponen.

Las mayores tasas de congestión, según informa el Consejo General del Poder Judicial, se concentran en el juzgado de violencia contra la mujer, así como en las dos salas de lo contencioso-administrativo. Por otro lado, en los de primera instancia, en el ámbito civil, han aumentado hasta un 45% los casos pendientes en el último año.

Visos de mejora

No solo los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los informes de los jueces llaman la atención sobre el atasco de casos pendientes en los juzgados de Salamanca, el decano del Colegio de Abogados de Salamanca, Javier Román, expone que todos los retrasos en la tramitación se traducen en demoras de las resoluciones. Esta congestión tiene un impacto para los letrados que tardan mucho más en cobrar, porque sus clientes tampoco lo hacen. Sin embargo, Román apunta que «la sensación es que poco a poco va mejorando la situación» después del importante tapón que se generó el pasado año con las huelgas de los funcionarios.

La percepción de los letrados parece acertada porque, aunque al cierre de 2023, el número de casos pendientes en los tribunales ha llegado a máximos si se compara con los datos del último trimestre de los ejercicios anteriores, lo cierto es que entre octubre y diciembre se registró un descenso respecto al tercer trimestre. A finales de septiembre, según el CGPJ eran 17.200 los casos que aguardaban una resolución judicial en Salamanca. Eran 344 más, un 2%, que los que se contabilizaron tres meses después. No obstante, en el tercer trimestre del año que incluye un mes inhábil como es agosto y que es un periodo en el que se concentran la mayor parte de las vacaciones de los funcionarios casi todos los años se concentra un especial repunte de la congestión, que remite en el cuarto trimestre. En 2023 esa escalada fue especialmente pronunciada, pero no solo en verano, sino desde marzo. Si en ese mes, había 13.291 asuntos pendientes, medio año después eran un 29% más debido, principalmente, a la huelga.

Nuevos traslados y reforma del Palacio de Justicia

El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de prorrogar los Presupuestos Generales del Estado de 2023 y renunciar a presentar unas nuevas cuentas para 2024 no depara buenas noticias para la ansiada reforma del Palacio de Justicia de Gran Vía. Al no elaborarse un proyecto nuevo no habrá opción de destinar una mayor consignación económica para impulsar esta obra pendiente desde 2006 y que el Ministerio de Justicia, cuando Pilar Llop, era aún su titular, se comprometió a licitar e iniciar el pasado año, algo que nunca ocurrió. De hecho, cuando ya han pasado casi tres meses de 2024 el departamento que ahora dirige Félix Bolaños todavía no ha convocado el concurso público para acometer estos trabajos.

«El actual edificio tiene 64 años y no ha sufrido nunca una reforma en condiciones. No reúne las condiciones de accesibilidad legalmente previstas, cuestión esta en la que se viene insistiendo reiteradamente ante el Ministerio de Justicia y la Gerencia, con nulo resultado con la excusa de la inminente reforma del edificio y las dificultades técnicas, siendo necesario acudir a los Servicios Sociales o a Cruz Roja para prestar la ayuda necesaria para el acceso al edificio de personas con movilidad reducida o la celebración de juicios en el edificio de los juzgados», denunciaba hace un año el presidente de la Audiencia Provincial, José Antonio Vega. Su protesta ha caído, de momento, en saco roto. De hecho, aunque el departamento de Bolaños licitase los trabajos de manera inminente, las obras no empezarían previsiblemente hasta el último cuatrimestre del año.

Además de toda la tramitación previa a la adjudicación de los trabajos, el primer paso para poder acometer la reforma del Palacio de Justicia es concluir el acondicionamiento del inmueble contiguo —Gran Vía 39-41—, cuya remodelación fue contratada el pasado junio y que tenía un periodo de ejecución de cinco meses. A ese espacio tiene que trasladarse la Audiencia Provincial. Pero con esa mudanza no quedaría vacío el Palacio de Justicia, todavía habría que buscarles hueco al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y al Juzgado de Primera Instancia número 9. También la sala de lo Social número 3 iba a reubicarse en ese edificio, en los despachos que hasta hace unas semanas ocupaba la Fiscalía de Menores. Pero este traslado se ha paralizado.

Fuentes sindicales apuntan que la pasada semana representantes del Ministerio de Justicia visitaron las instalaciones de Salamanca para conocer de cerca las quejas que se han registrado en los últimos meses por la ubicación del Juzgado de Menores en la última planta del edificio de Torres Villarroel y por el espacio reducido que se ha dejado a la Fiscalía de Menores. La previsión es que en las próximas semanas se produzcan nuevos traslados de los órganos judiciales para tratar de solucionar estos problemas, pero de momento no ha trascendido cómo continuará el «tetris» que viven los juzgados de Salamanca desde hace cuatro meses. Los movimientos comenzaron con el traslado de las dos salas de lo contencioso-administrativo a la nueva sede de Torres Villarroel a finales de noviembre y todavía no han concluido. El Juzgado de Primera Instancia número 10 continúa ocupando parte del espacio prometido a la Fiscalía de Menores y las tres salas de lo Social aún no han encontrado una sede definitiva.

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