Sin sede para los juzgados de lo Social pese a los múltiples inmuebles vacíos en el centro

Ni siquiera han pasado tres meses desde su creación y el juzgado de lo Social número 3 ya encara una mudanza. El pasado diciembre, la Gerencia Territorial de Justicia se apresuró a mover órganos judiciales para dejar espacio a esta nueva sala en las instalaciones de la plaza de Colón y, después de que a finales de febrero la Fiscalía de Menores abandonó el Palacio de Justicia de Gran Vía, pasará a ocupar las oficinas que han quedado vacías —la antigua vivienda del fiscal jefe—. Se asentará en este espacio, pero de forma también temporal, porque la intención del Ministerio es buscar un inmueble en el que puedan agruparse las tres salas de lo Social de Salamanca. Encontrarlo urge para poder liberar el edificio de la Audiencia Provincial de cara a su reforma. Sin embargo, fuentes de la Subdelegación de Gobierno apuntan que se continúa buscando un local con este objetivo, pero de momento no parece haberse dado con ninguno que se ajuste a los criterios del departamento que dirige el ministro Félix Bolaños.

El problema no está en la falta de disponibilidad de locales. A tan solo 50 metros de la entrada a los juzgados de Colón, en la misma plaza hay un local disponible de 550 metros cuadrados y con hasta 18 huecos para la creación de oficinas. Por él ya se interesó el Ministerio hace unos siete años e incluso acudió a visitarlo. Sin embargo y por motivos que se desconocen, ni siquiera llegó a realizar una oferta de alquiler a sus propietarios, según ha podido saber este periódico. Nunca entabló ningún tipo de negociación pese a la proximidad a la principal sede de los juzgados. El local continúa vacío y Justicia sigue sin encontrar un espacio que se ajuste a sus criterios. La principal dificultad, apuntan fuentes judiciales, es que se intenta encontrar un espacio por el que no haya que pagar arrendamiento. Este argumento explicaría por qué se ha descartado incluso reubicar los juzgados de lo Social en inmuebles de titularidad estatal, por cuya ocupación los departamentos titulares exigían el pago de un alquiler.

Una de las primeras opciones que se barajó fue la antigua sede de la Cámara Agraria, en el paseo de Canalejas, que se encuentra ahora en manos de la Junta de Castilla y León. Sin embargo, no fue posible ya que estas dependencias solo pueden ser destinadas a fines vinculados al sector primario dado que la administración autonómica no se ha mostrado favorable a una desafectación.

Dados los amplios espacios libres que existen en el edificio de Canalejas que alberga del Instituto Nacional y la Tesorería General de la Seguridad Social, el Ministerio lo barajó como una posible opción, según mantienen fuentes judiciales. Sin embargo, su asentamiento en este complejo de titularidad estatal no sería gratuita, sino a cambio de un alquiler, circunstancia que habría frustrado también esta opción, según fuentes cercanas a la gerencia.

Una de las alternativas que se han puesto sobre la mesa son las estancias de la antigua delegación territorial de la Junta de Castilla y León, según apuntan fuentes de los juzgados. En este edificio, ubicado en el número 1 de la plaza de la Constitución, se encuentra actualmente la Delegación del Ministerio de Hacienda y la Gerencia Territorial del Catastro. Al menos de momento esta solución no se ha materializado. La ausencia de una decisión firme no solo dificulta e incluso puede llegar a retrasar la reforma del edificio de la Audiencia Provincial, sino que también frena la creación de nuevos juzgados que los magistrados llevan reclamando ya años, concretamente una tercera sala de lo Penal y otra de Primera Instancia, para los que no habría espacio libre en el que emplazarlos.

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