La sanidad de Castilla y León considera que la nueva ley de universalidad no va a suponer un cambio drástico respecto a lo que ya se viene haciendo en Salamanca, aunque sí apuntan que será clave una regulación muy clara.
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El Gobierno aprobó este martes el proyecto de ley de universalidad, que blinda los copagos y restituye el derecho a la asistencia sanitaria a todos los migrantes que vayan a residir en España aunque estén en situación irregular, a los españoles que vivan fuera y a los extranjeros que vienen por reagrupación familiar.
Desde la Consejería de Sanidad se recalca que «en Castilla y León no se le niega la asistencia sanitaria a ningún paciente».
Si un extranjero acude al Hospital de Salamanca y no presenta ningún tipo de seguro médico se le trata como a un paciente privado, pero se le trata. Si facilita una dirección se le envía una factura con el importe del servicio que ha recibido y el número de cuenta en el que debe ingresarlo. En algunos casos falsean los datos de empadronamiento, por lo que no es posible localizarles y remitirles la factura. Los sanitarios se limitan a hacer su trabajo y cuando los administrativos no sanitarios tratan de cobrar esa deuda se encuentran con que resulta imposible localizarles y, por lo tanto, ese gasto debe asumirlo la Administración.
El problema es que casi una de cada tres facturas que el Hospital de Salamanca tiene que emitir a extranjeros -o personas que en ese momento no pueden presentar su documentación- nunca se consigue cobrar y dejan un agujero a la sanidad publica. No siempre son inmigrantes, sino turistas o estudiantes extranjeros que dan una dirección falsa. En otros casos sí son extranjeros en situación irregular que, directamente, no tienen capacidad económica.
¿Qué puede cambiar la nueva ley respecto a lo que se viene haciendo? Para empezar, la atención a los extranjeros que no cuentan con documentación se viene realizando en los servicios de urgencias hospitalarias y puntos de atención continuada, pero para la ministra, Mónica García, está fórmula implica «llegar tarde a muchas patologías».
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Si la nueva ley pretende que los extranjeros sin documentación sean atendidos de forma programada en centros de salud habrá que dotarles de una tarjeta sanitaria y, a su vez, de una historia clínica. «En algunas ocasiones -pocas- acude una persona sin documentación al centro de salud y se les atiende al final de la jornada o cuando queda un hueco libre, aunque no tengan tarjeta ni cita asignada». Los médicos consultados por este diario destacan que lo que no se puede hacer es «penalizar al que sí tiene una cita y dejarlo todo por un paciente que se presenta en cualquier momento alegando que no puede pedir cita. ¡Hay que facilitarles que puedan solicitar una cita, como todo el mundo!».
El problema es cómo asignar una tarjeta sanitaria a alguien del que puede que no exista constancia de que está en España. «Todos los programas informáticos tiran de la información almacenada en la tarjeta sanitaria que, a su vez, tira del Instituto Nacional de la Sanidad Social. Si estas personas no están en el sistema no puedes consultar nada y eso hace mucho más difícil la atención», explican desde la Gerencia de Atención Primaria, que espera que la nueva ley venga acompañada de una regulación muy clara sobre cómo poner en marcha todos estos cambios.
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