La ministra de Sanidad, Mónica García, está consiguiendo que todo el sector se ponga de acuerdo en torno a su figura. Concretamente, en contra de su gestión: una unanimidad contra las decisiones del Ministerio que ninguno de sus predecesores había logrado.
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El calendario de huelgas, manifestaciones de protesta y amenazas de 'paralizar la sanidad' está plagado de fechas en rojo durante las próximas semanas. Una de las más relevantes puede ser la huelga general convocada por los médicos de toda España para el próximo 23 de mayo, viernes.
Antes de esa fecha habrá una nueva concentración en Madrid a finales de marzo, pero lo que realmente puede causar estragos es una huelga en todos los centros sanitarios del país.
El representante de CESM, Tomás Toranzo, puntualiza que «al anunciarse con antelación, para no tener que suspender cirugías o consultas, lo normal es que para esa fecha no se programen operaciones más allá de las urgentes, como si se tratara de un día festivo».
Los médicos de CESM reiteran que «la huelga es contra un ministerio sectario», pero son conscientes de que las consecuencias las pagarían otros: «El Gobierno sabe que las consecuencias de las huelgas las sufren las comunidades autónomas, que en su mayoría son del PP, y a lo mejor hasta le viene bien, pero por eso queremos dejar claro que protestamos contra Mónica García, que es quien tiene la capacidad de escucharnos, no contra Sacyl ni otro sistema de salud. De hecho, la Consejería de Sanidad de Castilla y León está posicionada en nuestra línea y coincide en que las condiciones laborales del médico necesitan una regulación específica. Que se tenga en cuenta nuestra formación y responsabilidad porque no se nos puede regular igual que a otros colectivos». La convocatoria está lanzada y en próximos días se empezarán a negociar los servicios mínimos en todas las provincias de España, pero existe la esperanza de que el Ministerio acceda a negociar con los médicos las condiciones del futuro Estatuto Marco para que el paro generalizado se cancele antes.
Técnicos
Otro de los colectivos que también ha avisado de una posible huelga -aún sin convocar- es el de los técnicos superiores sanitarios. Los técnicos responsables de la tecnología para el diagnóstico por imagen y laboratorio también están en pie de guerra contra la ministra y se han mostrado dispuestos a paralizar la sanidad. «Sin diagnóstico no funcionan los hospitales». Solicitan un reconocimiento en la categoría B y la homologación de sus títulos -en España son de Formación Profesional- como título universitario, al igual que sucede en el resto de Europa.
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Otro de los grandes frentes de batalla que tiene abierto el Gobierno -incluso a nivel interino- es el del futuro de Muface. La rama de Mónica García aboga por aniquilar el sistema de mutualistas, mientras que Óscar López está reconduciendo la situación para que el concurso de Muface se renueve.
La fecha límite -ya han existido numerosas fechas límite- es el próximo 4 de marzo y para expresar su hartazgo por la incertidumbre, por la defectuosa atención y por la necesidad de que haya más aplazamientos, la denominada 'Plataforma Sindical' ha convocado otra gran movilización que involucra a Fedeca, SUP, ANPE, UFC, USO, SIAT, Usie, SPP, APFP y TAMPM.
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Diferentes colectivos funcionariales se manifestarán el 4 de marzo contra la ministra, para dejar claro que no están dispuestos a tolerar ni un retraso más. Desde ANPE en Salamanca explican: «En Castilla y León no vamos a participar de esa concentración hasta ver si el 4 de marzo se soluciona todo. De lo contrario, entonces sí, tomaremos nuestras medidas», afirma Javier Riesco.
En la misma línea se manifiesta CSIF, que ha sido el sindicato más reivindicativo desde que comenzó el 'caso Muface'. «Estamos a la espera de ver si esto tira de una vez hacia delante. Parece que ya hay dos aseguradoras (Adeslas y Asisa) que confirman que acudirán al concurso y otras dos que están estudiando las condiciones. Si no se arreglara llegado el 4 de marzo, entonces volveríamos a la carga», apunta Federico Martín, que en varias ocasiones también ha dejado clara la predisposición a organizar una gran huelga funcionarial en todo el país.
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