La sangrante situación del turno de oficio en Salamanca: 5 meses sin cobrar

Los abogados del turno de oficio llevan cinco meses sin cobrar por sus prestaciones. Así lo denuncian desde el Colegio de Abogados de Salamanca. El Ministerio es el responsable de no abonar las remuneraciones correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2023, además de enero, febrero y marzo del presente 2024 cuando la norma establece que el abono ha de realizarse mensualmente. Estos letrados ya saben lo que es sufrir esa desidia para la que ni siquiera hay una excusa respetable y fundamentada por parte del Gobierno y todos coinciden en que en Castilla y León «no se puede vivir del turno de oficio cobrando a tres euros la hora».

A Rubén Gudino el Ministerio de Justicia le adeuda unos 3.000 euros; a Eduardo Luis unos 2.000 euros y a Marta Ferreira las más diez guardias asistidas estos meses...Y así letrado a letrado, a todos y cada uno de los más de 300 que prestan Asistencia Jurídica Gratuita y que garantizan el artículo 24 de la Constitución Española: «Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión».

Los retrasos en el pago no son algo nuevo, desde 2018 han sido reiteradas las protestas de los abogados ya que en Salamanca, como en Castilla y León, Extremadura, Baleares, Castilla La Mancha y Murcia se cobra «tarde y mal». Una situación que ha llevado al enfado al decano del Colegio de Abogados de Salamanca, Javier Román: «El pasado 21 de marzo nos reunimos con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para tratar este tema y garantizar una mejora, sin embargo un día después la presidenta de Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega nos informa que ha surgido un problema con una habilitación y que las mensualidades atrasadas no se abonarán hasta el 15 de abril. Por lo que existe un gran enfado de todos los decanos que dependemos del territorio común».

El nivel de hartazgo ha llegado a tal extremo que está afectando a la prestación del servicio. «Somos profesionales y nuestra vocación es tratar de cuidar al cliente te paguen o no pero qué duda cabe que si no cobras por tu trabajo no lo haces con la misma predisposición, aseguran. Asimismo añaden que actualmente están asumiendo no solo más obligaciones profesionales, sino también más carga emocional y psicológica. «Los clientes desde la pandemia están mucho más crispados, mucho más irascibles, mucho más desconfiados..., y todo ello claro se suma a las obligaciones profesionales que ya tenemos», coinciden.

Y su indignación aumenta cuando se comparan con otras comunidades autónomas en las que los gobiernos regionales han asumido las competencias de justicia y no solo pagan el doble o el triple al turno de oficio sino que además lo abonan en el mes inmediatamente posterior. «Resulta que el artículo 14 de la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley y resulta paradójico que los que tenemos que velar porque la ley se cumpla estamos en desamparo ya los abogados no somos igualmente remunerados en el territorio español y ahí llegan los comparativos», lamentan.

Solicitan una actualización de baremos adecuándola cuanto menos a la evolución del IPC incluyendo además intervenciones profesionales que no están remuneradas y tachan de «injusto» las enormes diferencias retributivas existentes entre comunidades autónomas. «Un juicio rápido se asiste igual en nuestra comunidad que en el País Vasco y allí cobran mucho más. Deberíamos de cobrar todos lo mismo», solicitan.

Además, la institución considera que «es preciso que se abonen los gastos de desplazamiento» a los letrados, en especial las asistencias en la España vaciada. «En este sentido también existen situaciones de desigualdad, pues por ejemplo una asistencia de violencia de género cobra estos gastos, pero no el que asiste al detenido, habiendo realizado el mismo desplazamiento», concluyen.

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