Sacyl no ve sencillo garantizar el aborto en todos sus hospitales públicos

La reforma de la Ley del Aborto que está preparando el Ministerio de Igualdad obligará a todos los hospitales públicos —los que cuenten con un servicio de Ginecología y Obstetricia— a practicar abortos para que las mujeres no tengan que acudir a clínicas privadas o a peregrinar por hospitales de otras provincias.

Se trata de una novedad, avanzada por la propia ministra, Irene Montero, que ha generado polémica y debate en el ámbito sanitario: ¿Cómo se puede garantizar que un hospital público practique abortos si sus profesionales se declaran objetores?

Desde la Consejería de Sanidad de Castilla y León se confiesan “sorprendidos” por la rotunda afirmación de la ministra. “Estamos a la espera de leer con detenimiento el cambio legal. Ahora mismo aplicamos la ley de 2010 y lo hacemos desde el primer artículo hasta el último. Por un lado está el derecho al aborto, siempre que se pueda cumplir, que debe congraciarse con el derecho a la objeción de conciencia. La objeción es un derecho prevalente a todos, según dice una sentencia del Tribunal Constitucional”, opina el consejero en funciones, Alejandro Vázquez.

El nefrólogo destaca que su opinión no tiene tintes políticos, dado que “en Castilla y León hay dos hospitales de Sacyl que sí practican abortos”, mientras que en comunidades gobernadas por el PSOE, como Extremadura o Castilla-La Mancha no se hacen abortos porque sus profesionales se oponen. La dificultad de la reforma legal está en asegurar que esto suceda en Salamanca, Valladolid, Palencia, León, etc. “Si salen profesionales dispuestos a hacerlo se podrá organizar sin problema, pero en el caso de que no los haya no se puede obligar a nadie a hacerlo”, apunta Vázquez.

Fuentes sindicales se anticipan para ir dejando claro que “de ningún modo se puede condicionar la confección de las plantillas profesionales al hecho de que siempre haya profesionales dispuestos a realizar abortos”. “Si se quiere reforzar las plantillas actuales con nuevos profesionales que sí hagan abortos, adelante. Pero si se les ocurre mover a ginecólogos que están en una determinada ciudad para dejar hueco a otros que llegan con la credencial de que están dispuestos a practicar abortos, los Colegios Médicos se echarían encima y acudirían al Constitucional”, interpretan desde las secciones sanitarios de diversos sindicatos.

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