El «rugido» de la última obra de Roldán: la Comandancia avisaba de su ruina desde hace años

El «rugido» de la grieta que se abrió en el techo fue tal que el agente de la Guardia Civil que se encontraba en la sala corrió para protegerse bajo la mesa de su escritorio. No ocurrió hace una semana ni hace dos. Han pasado, al menos, cinco años, según cuenta personal de la Comandancia, desde que se desplomó el techo de un baño situado cerca de los calabozos, en la planta baja. Los daños fueron tales que se optó por sellar el aseo hasta que pudo ser reformado. Pero este solo es uno de los avisos que en los últimos años ha lanzado sobre su decrepitud la última de las obras que en 1993 dejó en marcha el exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán, antes de ser, primero, relegado del cargo y, después, encarcelado por delitos de cohecho y malversación. Hace tiempo que se recomendó encarecidamente al personal que trabaja en el cuartel no aparcar en una zona en al que hay dudas sobre el correcto asentamiento del terreno, es decir, que no se descartan corrimientos de tierra si se ve expuesto a una excesiva presión o peso, según ha podido saber este periódico.

En abril de 1998, tres meses después del traslado de la Comandancia desde la plaza de Colón hasta las actuales instalaciones de la avenida Carlos I —en La Vega—, el entonces director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, visitó el edificio. Designado por el Ejecutivo de José María Aznar, el máximo responsable del Instituto Armado criticó la construcción que dejó encarrilada el Gobierno de Felipe González. «Es un absurdo que la capacidad exceda a los operarios de la Guardia Civil de Salamanca», aseguró entonces arremetiendo contra un sobredimensionamiento que en los próximos meses permitirá realizar las obras sin que los trabajadores tengan que abandonar el edificio.

La construcción costó 2.900 millones de las antiguas pesetas —17,4 millones de euros—, 400 (2,4) más de los previstos inicialmente. Además de las numerosas críticas que ha recibido y continúa recibiendo por su diseño y por el impacto que genera en las vistas de la ciudad, Valdivielso aseguró en 1998 que era «caro, sin mucha estética y con deficiencias de terminación».

Pese a que entonces ya se observaron sus deficiencias, hasta ahora no se ha visto necesaria la reforma de las bovedillas de la Comandancia que amenazan con desplomarse. Para agilizar la contratación de las obras de reparación, el Gobierno de Pedro Sánchez ha recurrido a la tramitación de emergencia. Se trata, según la RAE, «de un procedimiento excepcional que hay que seguir cuando la administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional». Permite contratar directa y libremente obras sin necesidad de concurrencia pública, aunque se supere el importe máximo para los casos de adjudicación directa. Tres días después de la muerte de dos guardias civiles en Barbate, el Consejo de Ministros acudió a esta contratación de emergencia no solo en el caso de la obra del cuartel de Salamanca, sino también para proyectos de las Comandancias de Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife y el cuartel de Aldea de San Nicolás (Las Palmas de Gran Canaria).

No se equivocan los técnicos al atribuir «a la buena fortuna» que ninguna persona haya sufrido aún «lesiones graves o muy graves» ante el «catastrófico» estado en el que se encuentra la Comandancia. Después de que el Consejo de Ministros aprobase la semana pasada la declaración de emergencia de las obras para subsanar los graves daños de las bovedillas del acuartelamiento de la Guardia Civil de Salamanca, un informe de Interior revela que, de no realizarse esta actuación «a la mayor brevedad posible, se estimaría necesario, desde el punto de vista técnico, el desalojo total del edificio». De hecho, según algunas fuentes próximas a la Comandancia, en las pasadas semanas se llegó a plantear la desocupación total del edificio ante los evidentes riesgos para el centenar de personas que trabajan en él. Se llegó a barajar el traslado de las dependencias a otros edificios o a instalaciones provisionales situadas en el exterior, según apuntan trabajadores.

Tras los desprendimientos registrados desde el pasado octubre, en las últimos días se han cerrado espacios, como el salón de actos, para empezar a repararlos cuanto antes dado el alto riesgo de desplome de los techos. Los técnicos del Ministerio van más allá incluso. «Se considera que dichas incidencias podrían estar poniendo en peligro la vida de las personas», señala dejando claro que el riesgo de desprendimientos afecta a las bovedillas del forjado en diferentes puntos de las ocho plantas del edificio y que el deterioro de estas ha aumentado con «la consecuente peligrosidad que supone para las personas que transitan por el recinto».

Pese a urgente necesidad de la reforma, que ha llevado a que la redacción del proyecto y las obras se contraten por 582.968 euros —IVA incluido— por adjudicación directa y sin concurrencia pública, han pasado casi cuatro meses desde que el pasado 24 de octubre se realizó la inspección que alertó sobre los riegos que el estado de la construcción conlleva. Tiempo en el que tanto el Ministerio como el Instituto Armado han guardado silencio sobre los riesgos existentes. La alerta llegó, al parecer, por el desprendimiento de una bovedilla de las cornisas exteriores, que cayó desde el octavo piso poco después de las celebraciones del Pilar. Un mes después, el 16 de noviembre se produjo un incidente, al parecer un desprendimiento de un techo interior, que llevó a la Dirección General a instar a la Comandancia «a adoptar, a la mayor brevedad, las medidas de precaución acorde a los riesgos que suponen los citados desprendimientos». Pese «al grave peligro», la semana pasada el departamento de Fernando Grande-Marlaska, al igual que la Dirección General, la Subdelegación y la Comandancia, prefirieron ocultar en la medida de lo posible estos problemas. De hecho, tras la aprobación de la emergencia en el Consejo de Ministros del 13 de febrero, LA GACETA preguntó a todos ellos los motivos de las reparaciones previstas y alegaron no disponer o poder facilitar más información. Pero ayer la declaración de emergencia firmada el pasado 20 de diciembre por el director general del Instituto Armado, Leonardo Marcos, fue publicada en la Plataforma del Contratación del Estado revelando los detalles de la degradación que sufre esta construcción inaugurada a principios de 1998.

Los graves daños que sufre el cuartel, que mandó levantar Luis Roldán cuando estaba al frente de la Dirección de la Guardia Civil —poco después fue encarcelado poco después por delitos de cohecho y malversación—, podrían deberse, según el informe, «a un defecto de fabricación en su origen (falta de cocción o similar) que estaría provocando su rotura y desprendimiento, así como su posterior precipitación al vacío, generando grietas en el falso techo y, en el peor de los casos, atravesando éste». Los trabajos, cuya duración se estima en ocho meses, consisten en la reparación de forjados y falsos techos en el edificio principal del acuartelamiento. Aunque se deben revisar y eliminar las bovedillas de las ocho plantas, se establece como prioridad la planta baja «por ser la que mayor peligro conlleva» por la distancia de dos metros que existe entre el forjado y el falso techo, pero también en las plantas primera y segunda, donde más tránsito de personas se registra y en las que ya se han producido incidentes por el deterioro de las bovedillas.

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