La reforma de la Ley de Accesibilidad obliga a adaptar 13.605 viviendas salmantinas

El anteproyecto para reformar la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad que aprobó esta semana el Consejo de Ministros obligará, cuando acabe su tramitación, a adaptar las 13.605 viviendas que aún tienen barreras arquitectónicas en Salamanca. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la provincia aún existen 9.705 viviendas principales no accesibles anteriores a 1990 y 3.899 posteriores a esta fecha. De salir adelante la iniciativa, las obras de accesibilidad en los edificios donde residan personas con discapacidad serán obligatorias. En la actualidad, las comunidades de vecinos deben abordar estas mejoras, pero si el coste del proyecto excede 12 mensualidades de las cuotas ordinarias, el resto del coste lo debe asumir el demandante, si puede afrontarlo.

La medida aprobada por el Consejo de Ministros no sería de aplicación en las viviendas construidas desde 2004 porque por ley es obligatorio que estén adaptadas. Los edificios nuevos y las reformas deben cumplir con los requisitos de accesibilidad desde hace 21 años, tanto para garantizar el acceso en la entrada con rampas o ascensores, como en espacios interiores y en la construcción de baños accesibles, entre otros. El gerente de Asprodes, Juan Recio, expone en relación a la eliminación de barreras arquitectónicas que, aunque hayamos trabajado mucho, «existen muchos vacíos en casas y establecimientos públicos». Aunque la función principal de su organización no es la atención a personas con problemas de movilidad, sí que tiene proyectos con personas mayores y pacientes con enfermedades como la ELA o la esclerosis múltiple, por eso considera que «la modificación de la norma es adecuada». Cuando los problemas de movilidad llegan de forma sobrevenida, es necesario adaptar la vivienda para mantener a esa persona en su residencia en vez de irse a un lugar más institucional. «Tarde o temprano nos veremos todos en esa tesitura, por eso las comunidades de vecinos deberían hacer un esfuerzo», insta. Ahora bien, también considera que las administraciones deberían ser sensibles con las colectividades y aprobar ayudas.

Por otro lado, el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Salamanca, Ángel Hernández, señala que cada vez hay menos edificios con barreras arquitectónicas. «Hay que contar con que algunos son antiguos o presenta serias dificultades técnicas para hacerlos accesibles, o bien la solución técnica es costosísima». Los ciudadanos cada vez están más mentalizados en hacer obras de accesibilidad, según Hernández, bien porque en algún momento han tenido dificultades en este sentido, bien porque las tienen actualmente o porque asumen que tarde o temprano las tendrán. «Cuando se rechazan, o más bien se demoran, obedecen a dificultades técnicas o económicas, pero no a una voluntad de rechazo a tales obras», incide. En cuanto a la disponibilidad económica de las comunidades de vecinos, recuerda que están constituidas por familias, cuya situación económica es la que condiciona la de la colectividad. Recuerda que las energías en los últimos años han subido de forma notoria y que el IPC acumulado desde 2020 al 2024 supera el 19%. «Por mucho que se nos venda que la macroeconomía va muy bien, en la economía doméstica no se aprecia».

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