El sector fotovoltaico sigue en pie de guerra contra el Gobierno de Pedro Sánchez y ha llevado al Defensor del Pueblo el conflicto por los drásticos recortes sufridos por los productores pioneros en la pasada década.
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En esta situación se encuentran en torno a 650 instalaciones salmantinas, que de una manera u otra están afectadas por los problemas que generó el nuevo sistema de retribuciones que el Gobierno estableció a finales de 2010. Esto se traduce en que muchas familias que habían invertido sus ahorros se encuentran ahora en una situación económica complicada, algunas incluso en situación de ruina.
Anpier, la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos, alertaba de que tanto los grandes inversores internacionales, como las decenas de miles de familias españolas están unidos a unas inversiones en renovables que fueron pedidas en el año 2007 por el Estado español, con la finalidad de alcanzar el objetivo europeo de renovables para España, madurar la tecnología fotovoltaica, crear un tejido empresarial en este sector y abaratar los costes energéticos. «Todos estos objetivos se alcanzaron con éxito», explicaban, pero el Estado decidió cercenar los ingresos de estas instalaciones, tan solo a los dos años de estar operativas, con recortes de hasta un 50%, «el más sórdido de los episodios que jamás ha experimentado un sector regulado en un país del primer mundo, puesto que la seguridad jurídica es una máxima que habría de ser inquebrantable», lamentan en su propia página web.
Ángel Escribano, del departamento jurídico de Anpier, explicaba ayer a este diario que se trata de «una tremenda injusticia por la que vamos a seguir luchando hasta el final». Señalaba que la diferencia entre los inversiones extranjeros y los españoles es evidente:«A ellos se les ha ido pagando y a los españoles es que no se les ha pagado nada».
Escribano señalaba a este diario que esto está afectando al país entero y a la visión que sobre él hay ya en todo el mundo: «A raíz de esta situación, España ha superado a Venezuela y se ha convertido en el país con mayor número de impagos de sentencias internacionales».
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Pedro Sánchez mantuvo en 2014 un encuentro con la asociación que aglutina a los afectados y les prometió que, en caso de llegar al poder, procedería a «restituir la retribución de las fotovoltaicas». Nueve años después todo sigue igual.
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