Rechazo total a la ‘ley Castells’ por restar participación y autonomía

No convence a nadie. El anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario que el ministro Manuel Castells ha presentado ante el Consejo de Ministros no agrada a los rectores, tampoco a los profesores y al personal de administración y servicios, incluso los estudiantes están en contra. La comunidad universitaria de Salamanca rechaza la futura ley, entre otros motivos, por restar autonomía a la Universidad y reducir la participación democrática de sus integrantes.

Ya lo advirtió el rector de Salamanca Ricardo Rivero, que hay que recordar es catedrático de Derecho Administrativo. Su compañero, Dionisio Fernández de Gatta, experto en Derecho Administrativo, también considera que el anteproyecto vulnera en varios artículos la autonomía universitaria, en especial en lo relativo a la composición de las universidades.

Ángel Bajo, presidente del Comité de Empresa del Personal Docente e Investigador (PDI) y representante del sindicato CESM, afirma: “No se puede ideologizar una ley educativa. El personal está muy desmotivado después de ver la ley porque no deja claro, no especifica muchos aspectos, como por ejemplo, el tema de los profesores laborales. Y lo que es más importante, no aporta estudios económicos de cuánto va a costar implantar la nueva ley y quién lo va a pagar”.

Las consideraciones del PAS no son mucho mejores: “La valoración global del anteproyecto es negativa, ya que tiene aspectos claramente involucionistas como es el sistema de gobernanza presidencialista que establece, con un excesivo refuerzo de las facultades del rector, que designa los órganos unipersonales de gobierno y le permite el control de los órganos colegiados. El anteproyecto también supone un retroceso en la participación democrática de la comunidad universitaria en la toma de decisiones, ya que recorta la presencia de los sectores universitarios en los órganos de gobierno de la universidad, como la que plantea para el Claustro universitario. Otro claro ejemplo de retroceso democrático es la elección del rector, que puede realizarse por un comité de 20 personas de las cuales el 30% de sus miembros pueden ser ajenos a la universidad”, explica José Manuel Cagigas como delegado de CCOO en la Junta de Personal de PAS funcionario, órgano que preside.

Por su parte, los representantes del Consejo de Delegaciones se suman a la denuncia realizada por la CREUP (Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas): “Perjudica gravemente la democracia interna de las universidades”, alertan los alumnos y lamentan que la ley incorpore la posibilidad de que los rectores sean elegidos por un órgano externo a la comunidad universitaria, así como que los mandatos de los rectores se amplíen a seis años, lo que supondrá que algunos estudiantes no participen nunca en un proceso electoral, pues hay que recordar que la mayoría de los grados tienen una duración de cuatro años. Asimismo, desde el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE) se han manifestado en contra de la ‘ley Castells’ “dejar atrás la participación del estudiantado a todos los niveles universitarios”.

En lo que concierne al PAS, Cagigas también destaca que establece una pérdida de representación y participación en los órganos colegiados universitarios y, aunque valora positivamente tanto la inclusión de la carrera profesional, como la referencia a la formación y movilidad y la intención de reducir la excesiva contratación temporal, apunta que no establece los mecanismos para lograr estas mejoras y en algunos casos deja abierta una excesiva interpretación sobre la utilización del sistema de concursos.

Del mismo modo, Ángel Bajo, en representación del PDI laboral considera una buena aportación la figura del profesor sustituto, pero se manifiesta totalmente en contra de la supresión de los contratados doctores. Además, lamenta que no especifique nada sobre la carrera docente del personal sanitario.

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