Rebelión de las comunidades de vecinos contra el sobreprecio que pagan por el gas

Las comunidades de vecinos de Salamanca se han unido a la protesta nacional por excluirles del plan de bonificación del gas del Gobierno, que deja fuera a los consumidores de más de 50.000 kilovatios. Esto supone que deberán pagar cinco veces más que las viviendas individuales por el combustible que utilizan para la calefacción, precios que seguirán al alza. Por eso el Colegio de Administradores de Fincas de Salamanca ya ha convocado a una reunión a su junta de gobierno para tratar el asunto con la intención, además, de implicar a los compañeros del resto de Castilla y León en la recogida de firmas que pide que se les incluya en la tarifa bonificada. Se trata de una campaña impulsada por CUCEG, plataforma creada por un grupo de administradores de Navarra y Guipúzcoa. Han iniciado una recogida de firmas a través de change.org para que se revisen las normas de la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas con el objetivo de que incluya a los propietarios de calderas comunitarias que, de manera individual, tienen un gasto inferior al consumo máximo establecido por la tarifa del Ejecutivo.

El colectivo estima que los contratos de gas con un consumo superior a los 50.000 kWh representan un 99% de las comunidades de propietarios, lo que les imposibilita para contratar las tarifas reguladas. Así, mientras que en la resolución del 27 de junio de 2022 las tarifas del TUR van de 5,8 a 5,2 céntimos el kilovatio hora, en el mercado libre tendrán que pagar alrededor de 28 céntimos por cada kilovatio consumido.

El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Salamanca, Ángel Hernández, denuncia que se considera a las comunidades como grandes consumidores junto a las empresas. “Aún no siendo así, los negocios se pueden deducir el 21% del IVA y nosotros no, por lo tanto pagamos un 21% más que otros grandes consumidores”. Hernández no encuentra explicación a la exclusión: “A los residentes en bloques de protección oficial se les presupone menos ingresos que a los de chalés, y aún así pagarán más. Además, igual que el transporte público es más eficiente, la calefacción comunitaria también lo es”. Subraya que esta decisión, vista desde cualquier prisma, “no tiene sentido”.

Cabe destacar que el gas se ha convertido en los últimos años en el combustible refugio de las comunidades de vecinos que utilizaban carbón, más contaminante. En los últimos años han transformado las calderas y las salas para calentar las viviendas con gas.

En Salamanca aún queda un centenar de comunidades de vecinos que utilizan carbón como combustible para la calefacción. El distrito que más edificios tiene de este tipo es el centro, donde se encuentra un cuarto del total, en concreto 24 de las 100 comunidades que abonan la tasa de recogida de escorias del Ayuntamiento de Salamanca. Dado que estas calderas están abocadas a desaparecer para ser sustituidas por combustibles fósiles menos contaminantes, en este momento de crisis de alza de precios, el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Salamanca exige una moratoria en la normativa para alargar la vida de las calderas de carbón incluyendo, eso sí, elementos de seguridad como medidores de monóxido de carbono. “Sería un alivio en determinados casos, porque la situación económica que tenemos es de incertidumbre y nada halagüeña”, subraya Hernández.

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