Al menos tres trabajadores del centro de menores de Los Molinos del Tormes y otros tantos del centro María Dolores Pérez Lucas («Los Charros») serán despedidos por la Junta de Castilla y León en las próximas semanas, según confirman fuentes de la propia administración autonómica. Como consecuencia del convenio del personal laboral firmado el pasado junio, una cuarta parte de los trabajadores, según denuncia CSIF, de estas residencias se irán a la calle, cuando algunos de los cuales, todos ellos interinos, llevan trabajando en estas instalaciones hasta siete años. Se trata de educadores, responsables nocturnos, técnicos de atención al menor en institución (TAMI) y en medio abierto (TAMMA). A través del convenio de personal laboral que la Junta firmó el pasado junio con UGT, CCOO y CGT, y del que se desvinculó CSIF, estas cuatro figuras que pertenecen al Grupo II de personal laboral se han reclasificado y unificado como técnico del menor y, al mismo tiempo, se ha creado una nueva figura que es técnico de apoyo al menor, del Grupo III, a la que se accede con un ciclo formativo de grado superior de integración social. «Lo que dijo la Junta es que se iban a crear nuevas figuras, pero nunca que se fuese a hacer a fuerza de despedir a otras», apuntan fuentes de CSIF. Y es que la previsión es que a principios de noviembre se despida, al menos, a seis trabajadores de estos dos centros para ser sustituidos por otros que respondan a los nuevos perfiles, y que «salen más baratos a la administración», señalan desde el sindicato en Salamanca, que remarca que los cambios en la plantilla de los centros de Salamanca están previstos para el 6 de noviembre, según la información que se ha trasladado a los propios trabajadores afectados. Así, en Los Molinos abandonarán la plantilla cuatro personas del Grado 2 —una de ellas no será despedida— y se incorporarán otras seis con una categoría profesional inferior. Fuentes de la Delegación Territorial de la Junta confirman que se van a producir estos despidos como consecuencia del nuevo convenio laboral, y de la formación que se exige a los trabajadores que desempeñan su labor en estos centros, como está ocurriendo en otras áreas de la administración autonómica.
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Ante ello, CSIF apunta que se está barajando adoptar medidas de presión para tratar de paralizar estos despidos. Para ello, se están manteniendo reuniones con los comités de empresa de las centros de las diferentes provincias. Ya el pasado mes de julio, el sindicato señaló a quienes rubricaron el convenio de personal laboral y advirtió que «la responsabilidad de los firmantes va a pesarles como una gran losa».
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