Quejas entre los usuarios salmantinos del Alvia por la poca flexibilidad de los bonos

La última queja de los usuarios frecuentes del Alvia, además de la escasez de trenes y frecuencias (sólo hay uno de ida y otro de vuelta al día y uno más en fin de semana en cada sentido), tiene que ver con los bonos. Desde el pasado 1 de mayo, los bonos para viajar en Alvia recuperaron sus plazos de vigencia habituales. Es decir, que la tarjeta de diez trayectos que cuesta 158,80 euros, la más usada por los viajeros, tiene un plazo de ocho días para consumir esos diez trayectos desde que se hace efectiva la compra del primer billete. Un plazo insuficiente en la actual coyuntura laboral, según denuncia Alejandro Rosende, integrante de la plataforma de usuarios de Alvia de Salamanca.

“Debido a la situación actual por la pandemia, muchos salmantinos que trabajan en Madrid ya no tienen que acudir a diario a sus puestos de trabajo sino que lo alternan con teletrabajo. Con los viajes menos asiduos, estos trabajadores no tienen posibilidad de gastar el bono y seguir optando a los descuentos”, explica Rosende, que reclama que el plazo para consumir los trayectos sea más flexible y se extienda al menos a 14 días naturales. “Es de sentido común”, agrega.

Otra de las quejas tiene que ver con la modificación de las tarifas promo. Antes de la pandemia, los viajeros podían comprar con antelación billetes con tarifas promo de hasta 11,95 euros el trayecto. Sin embargo, en la actualidad el precio más barato del billete en tarifa promo es de 22,15 euros.

La otra opción que ofrece Renfe es la Tarjeta Plus 10-45, que en este caso ofrece también 10 viajes, pero a gastar en 45 días. En este caso el coste del bono es de 250,90 euros, a 25 euros el billete, más caro incluso que la tarifa promo actual.

Sobre la flexibilidad de los bonos, fuentes de Renfe aseguran a este periódico que “dada la situación de nueva normalidad, desde Renfe se están analizando las frecuencias de viaje de los usuarios” y agregan que “cualquier cambio al respecto sobre este tema se informaría por los canales habituales”. “En todo caso, si se modificase la normativa relativa a alguno de los bonos actuales o se crease uno nuevo, con modificación de recurrencia por ejemplo, este debería de ser autorizado por el Estado, de acuerdo con las condiciones que establecen las Obligaciones de Servicio Público”, matizan.