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Martes, 6 de octubre 2020, 19:50
Dos agentes de Policía Nacional se dirigen a un domicilio de Garrido Sur para visitar a una joven aislada por COVID-19 y comprobar que está cumpliendo con las pautas marcadas por los sanitarios. Al llamar al timbre, se encuentran con una persona mayor que, con ciertas dificultades, les explica que su nieta es a quien buscan pero hace años que no vive con ella. Con la ayuda de una vecina, los agentes lograr averiguar que la chica reside en la otra punta de la ciudad y cuando por fin dan con ella les dice que no entiende la confusión, pues asegura que ya comunicó su nueva dirección a su médico de familia y rastreadores.
Agentes de la Policía Nacional y Local han manifestado, de manera particular, sus quejas a este diario asegurando que, aunque no elevados los casos, algunas de las direcciones de las viviendas proporcionadas por la Junta de Castilla y León a las que tienen que acudir para controlar que los enfermos siguen las restricciones están “desfasadas”. “Nos hemos encontrado con casos en los que la persona llevaba sin vivir ahí diez años”, apunta un policía. “Otros directamente residían fuera de la provincia”, dice otro.
En concreto, al menos una vez a la semana la Consejería de Sanidad proporciona a ambos Cuerpos de Seguridad dichas localizaciones con el fin de que realicen el seguimiento de los casos que previamente los rastreadores han proporcionado a la Junta de Castilla y León. Según la información facilitada por el Gobierno regional, tanto a la Policía Local como a la Nacional la dirección que se le facilita es la de la tarjeta sanitaria de los pacientes. El problema es que muchos de ellos continúan con la residencia antigua y no han comunicado el cambio, algo que según la Junta es responsabilidad de los ciudadanos.
Sin embargo, los policías con los que ha podido hablar LA GACETA apuntan a que en más de una ocasión, cuando se han encontrado con una dirección errónea y posteriormente han logrado localizar en otra vivienda a la persona a la que buscaban, esta les ha relatado que había informado del cambio a los rastreadores y a su médico de familia. De ahí que los agentes apunten a un problema de comunicación entre ambas partes. “Sabemos que es complicado porque Salamanca es una ciudad donde mucha gente cuenta con una segunda residencia y que la obligación de cambiar la dirección es de ellos, pero la realidad es que nadie lo hace y habrá que buscar alguna solución”, relata un policía.
Un 11% de las direcciones eran erróneas. Aunque el Cuerpo Nacional de Policía no ha aportado datos al respecto, según la información facilitada por el Ayuntamiento de Salamanca, desde el pasado día 19 de septiembre la Policía Local ha hecho el seguimiento a un total de 746 personas con PCR positiva. En un 11% de los casos (82) se han detectado errores relativos a la información domiciliaria. Cuando esto ocurre la incidencia es comunicada a la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca. “Asumimos que es nuestro trabajo pero perdemos más tiempo del que disponemos”, concluye un agente.
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