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Después de 16 días de control en la zona peatonal de Salamanca, la Policía Local ha tramitado 18 sanciones por exceso de velocidad, todas ellas localizadas en la calle San Pablo. Así lo traslada el Ayuntamiento de Salamanca tras una curiosa acción de registro centrada en zonas en las que el paso de vehículos está limitado, en muchos casos solo para residentes y coches de reparto. Además, la velocidad no puede exceder de los 20 kilómetros por hora.
Desde el pasado 29 de febrero y hasta el 15 de marzo los agentes del servicio salmantino han colocado el dispositivo además de en la calle San Pablo, en las calles Toro y Zamora. Durante el tiempo en el que estuvieron activos los radares pasaron por delante 713 vehículos, de los que 18 superaron el límite de velocidad máximo indicado para esas calles, curiosamente todas en la calle San Pablo.
Los agentes se colocaron en el segundo tramo de esta céntrica vía, la parte con más tránsito: desde el parque de Colón hasta la puerta de San Polo. La circulación en la zona que se comprende entre la plaza de Julián Sánchez el Charro y el parque está más limitada a la circulación de vehículos. A partir de ahí se incorpora el tráfico que se desvía desde la Gran Vía, convirtiendo el trayecto en el de mayor tránsito de las vías controladas por la Policía Local.
Los cinemómetros también han captado la velocidad de los vehículos de reparto, también los que utilizan los denominados riders. Se trata de repartidores especializados en la entrega de comida a domicilio, que utilizan coches y motocicletas, aunque mayoritariamente también usan bicicletas y patinetes. Al no llevar matrícula el radar no puede identificarles y multarles, según aclaran fuentes municipales.
No obstante, cabe recordar que ni las bicicletas ni estos vehículos de movilidad personal (VMP) tienen prohibido circular por las calles peatonales. Para ellos el Ayuntamiento de Salamanca elabora corredores específicos y puntos de inmovilización de los vehículos que utilicen, un plan para cuya elaboración ya se contacta con las asociaciones de riders de la ciudad, así como con las empresas de comida a domicilio, tal y como se ha informado en comisión informativa de Policía.
Se trata de una salida similar a la que se plantea para este colectivo en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), cuya entrada en vigor se prevé para el próximo 1 de junio. Según avanzó en noviembre del año pasado a este periódico el concejal de Tráfico, Ángel Molina, se van a establecer «corredores de acceso hasta las conocidas como islas de carga y descarga» que se encuentran en el centro.
Los que trabajen con motos y coches podrán registrarse en la plataforma que gestionará los accesos a este espacio con su matrícula, mientras que los que trabajen con bicicleta, monopatín u otros VMP que no llevan matrícula, no necesitarán identificación. Este colectivo de trabajadores opera con más de 50 restaurantes del centro de la ciudad, especialmente en la ahora denominada Zona Monumental, donde acuden para entregar pedidos a los residentes, no solo de comida, también de artículos de comercio y farmacia. Es habitual verles esperando por los pedidos especialmente en la plaza del Corrillo, un colectivo que ante la elaboración de la ordenanza de la ZBE ha mostrado su preocupación por conocer si podrá acceder a la zona monumental, donde se encuentran buena parte de los negocios con los que operan.
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