El PSOE de Salamanca convocó a los medios este lunes para arremeter duramente contra el Partido Popular por votar en contra del decreto ómnibus presentado el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados. Entre otras medidas, recogía una subida del 2,8% en las pensiones, las bonificaciones al transporte, la subida del Ingreso Mínimo Vital, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional o ayudas directas destinadas a los lugares más afectados por la DANA.
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El secretario general del PSOE provincial, David Serrada, junto al senador socialista por Salamanca, Fran Díaz, desglosaron las consecuencias que tendrá para los salmantinos el bloqueo de esta norma. «El Partido Popular ha robado la cartera y la dignidad a miles de salmantinos y salmantinas», recriminó Serrada. En el caso de las pensiones, según el socialista, la subida podría beneficiar a 82.000 pensionistas de la provincia que recibirían 40 millones de euros más. Junto a ello, Serrada destacó que 13.259 personas, que son perceptoras actualmente del Ingreso Mínimo Vital, no verán incrementada su nómina a final de mes, lo que supone casi 7 millones de euros que no llegarán a los residentes de esta comunidad. También mencionó que los casi 27.000 viajeros actuales del abono gratuito de transporte no podrán renovarlo a partir del mes de abril. «Más de 150.000 personas han disfrutado de este abono gratuito el pasado año en nuestra provincia», añadió.
Esto supone un impacto económico para la provincia de más de 51 millones de euros, un dato que el parlamentario socialista salmantino desgranó con la suma de los 39 millones de subida «que dejaran de percibir los pensionistas», los 6 millones que «se quedan en el limbo» y no recibirán los perceptores del Ingreso Mínimo Vital, o los más de 6 millones que llevan «ahorrándose» los abonados al transporte.
Por su parte, Fran Díaz añadió que el PP con su decisión no solo ha «dañado y atentado» contra los pensionistas, las personas vulnerables o las que más necesitan del erario público, sino también contra la financiación de las Comunidades Autónomas puesto que Castilla y León va a dejar de percibir 600 millones de euros a cuenta; un «dinero que también estaba incluido en el decreto al que se opusieron con su voto en contra» y que hubieran servido para «gestionar y mejorar» servicios públicos de su competencia que «cada vez están más maltrechos», en el caso de Salamanca, «para solucionar los problemas del hospital, en educación o sanidad», ha puesto como ejemplo.
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