El PSOE exige al Gobierno municipal la constitución urgente de la comisión contra la violencia de género

Los últimos datos del Ministerio de Interior en su balance de criminalidad no dejan en un buen lugar a Salamanca, donde cada cuatro días se produce un delito contra la libertad sexual con 105 delitos en el último cuatrimestre de 2023 (un aumento del 90 % sobre los datos de 2022), al tiempo que el Centro de Información y Asesoramiento de la Mujer (CIAM), dependiente del Ayuntamiento ha registrado en lo que va de año 126 víctimas de violencia de género, es decir, una víctima cada 36 horas, según han denunciado las concejalas socialistas María García y María Sánchez. Ante esta situación, que califican de «drama social de primera magnitud», el Grupo Municipal Socialista presentará en el próximo pleno municipal una moción en la que solicitarán que se constituya y se convoque «de forma inmediata y urgente» la Comisión Interinstitucional contra la Violencia de Género», que, según recuerda María Sánchez, se creó en 2015, con reuniones periódicas en las diferentes legislaturas, «pero que en esta no se ha constituido».

Integrada por todos los grupos del Ayuntamiento, representantes de la Junta, de la Subdelegación, de la Diputación, de las policías y de los sindicatos, esta comisión debe, según Sánchez, «aunar y coordinar esfuerzos en la lucha contra la violencia de género», con especial atención a implantar medidas de prevención, atención directa, inserción laboral y protección de las víctimas, pero también «realizar un análisis y evaluación de la actual situación para obtener un diagnóstico con el fin de poner en marcha las medidas necesarias y dotar de los recursos suficientes».

María García, por su parte, no elude la crítica contra el actual equipo de Gobierno municipal, al que acusa de «estar incurriendo en una grave dejación de funciones» al no implantar políticas de igualdad reales y afectivas entre hombres y mujeres, al tiempo que denuncia la falta de un Plan de Igualdad en la ciudad, «ya que el existen está caducado desde 2022».

En este sentido, la concejala socialista denuncia también la falta de medios humanos y económicos en el Centro de Información y Asesoramiento de la Mujer, que, según sus palabras, tiene solo cuatro trabajadores (dos técnicos y dos psicólogos) y debería contar también con un asesor jurídico y un técnico en igualdad, «como mínimo». Pero lo más grave de todo, a juicio de María García, es que la dotación presupuestaria aportada por el Gobierno con cargo al pacto estatal contra la violencia de género en 2023 se está destinando «a pagar a funcionarios que ya forman parte de la plantilla del Ayuntamiento y no contrata a nuevo personal». En este sentido denuncia el pago de salarios a dos psicólogas municipales (24.831 euros y 29.876 euros), así como parte del complemento específico a la jefa de servicio (17.338 euros). «Con nuestros impuestos ya pagamos el salario del personal del Ayuntamiento y no tienen que hacerlo a través de estos fondos», apostilla la concejala socialista.

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