El Cristo del Perdón logra el indulto de un condenado por alzamiento de bienes en 2018

La Audiencia Provincial de Salamanca condenó en 2018 a A.G.G. y a su mujer, un matrimonio de agricultores, y a su hijo por sus tretas fraudulentas para eludir el pago de una deuda. El tribunal impuso a cada miembro de la pareja una pena de dos años y seis meses de prisión por el delito continuado de alzamiento de bienes del que se les acusaba, además del pago de 5.400 euros de multa. En el caso de su hijo, A.G.G., le condenó a un año y seis meses de prisión por el mismo delito, aunque sin continuidad delictiva, y el pago de una multa de 2.160 euros. En su sentencia, la Audiencia impuso además a los tres acusados el pago conjunto y solidario de una indemnización de 36.119,77 euros a una sociedad cooperativa, con los correspondientes intereses legales hasta su completo pago.

En los hechos probados, la sentencia recogía que el matrimonio llevaba conjuntamente una explotación agrícola-ganadera en una localidad salmantina, por lo que mantenían relaciones comerciales durante años una sociedad cooperativa dedicada entre otras actividades a la venta y reparación de maquinaria agrícola. Como consecuencia de tales relaciones, la mercantil emitió una serie de letras de cambio aceptadas por la mujer y avaladas por su esposo, que resultaron todas ellas impagadas, originando además los correspondientes gastos de devolución. En septiembre de 2014, la sociedad afectada inició trámites judiciales para recuperar el dinero y tras una serie de demandas cruzadas, se embargaron numerosos bienes a los acusados para poder hacer frente a las deudas. Fue a raíz de ello, como apuntaba el fiscal en su escrito de calificación, cuando tuvieron lugar las operaciones fraudulentas por las que fueron condenados la pareja y su hijo, que en aquel momento estaba estudiando y preparando oposiciones.

En concreto, han sido seis los indultos aprobados por el Gobierno, cuatro mujeres y dos hombres internos en centros penitenciarios de Salamanca, Santander, León, Sevilla, Granada y Málaga, tal y como ha informado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Todos ellos tenían penas de prisión inferiores a cuatro años, cuatro de ellos por delito contra la salud pública y los otros por alzamiento de bienes y estafa, y se encontraban en segundo o tercer grado de clasificación penitenciaria.

En todos los casos se ha contado con informes favorables tanto del órgano judicial como de la Fiscalía. El Boletín Oficial del Estado publica este miércoles los correspondientes reales decretos.