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La entrada en vigor de la reforma de las pensiones obligará a las empresas a cotizar a la Seguridad Social a partir de octubre por todos los alumnos que realicen prácticas, con independencia de que sean prácticas remuneradas o no.
La medida conlleva una elevada carga burocrática, por lo que universidades y comunidades autónomas alertan de que la medida pone en riesgo las prácticas que realizan universitarios y estudiantes de Formación Profesional. Así se lo han expresado al Ministerio de Universidades los representantes de los gobiernos regionales durante la reunión que mantuvieron esta semana.
En el mundo educativo sienten miedo por las consecuencias de la aplicación de la disposición adicional 52 del real decreto 2/2023, ya que aseguran que pone en riesgo muchos acuerdos con empresas. Hasta ahora solo se inscribían en la Seguridad Social los alumnos que hacían prácticas remuneradas —un número muy reducido—, pero el real decreto plantea que a partir de octubre este trámite administrativo se tendrá que llevar a cabo con todos los estudiantes que hagan prácticas, sean retribuidas o no y tanto si son curriculares como extracurriculares.
El problema en esta ocasión no es económico, pues los costes para las empresas van a estar bonificados un 95% y los pagará el Estado. El 'caballo de batalla' es el gran incremento del trabajo a nivel administrativo tanto para las instituciones académicas, ya sean públicas o privadas, como para las empresas, pues son miles de prácticas las que gestionan cada año las universidades y los centros con ciclos de Formación Profesional.
En el caso de la Universidad de Salamanca, la cifra de prácticas asciende casi a 6.700, siendo la mayoría de carácter curricular, es decir, que están incluidas dentro de la formación que tiene que cursar los estudiantes, aunque en muchos casos no sean de carácter obligatorio.
En concreto, el Estudio salmantino tiene contabilizadas 360 prácticas curriculares y 6.302 curriculares, de manera que suman 6.662. La mayor parte corresponden a formación práctica de titulaciones de grado, con 5.391 (5.056 curriculares y 335 extracurriculares), de manera que en máster suman 1.159 (1.148 curriculares y 11 extracurriculares), aunque también hay en títulos propios, con un total de 112 prácticas que casi en su totalidad están incluidas dentro del currículo formativo, según figura en los datos registrados por el Servicio de Inserción Profesional Prácticas yEmpleo (SIPPE).
Se trata, por lo tanto, de un elevado número de prácticas por las que va a ser obligatorio cotizar, lo que supondrá realizar todas las gestiones necesarias para dar de alta uno por uno a todos los alumnos. Mucho trabajo extra de manera que en la institución académica salmantina temen que la medida pueda desincentivar la participación de las empresas en la formación de los estudiantes.
También los gobiernos regionales han advertido de las consecuencias negativas para la Formación Profesional pues, como ha señalado la consejera de Educación de Castilla y León, Rocío Lucas, en la FP las prácticas son imprescindibles y las condiciones que entrarán en vigor en octubre van a suponer un gran obstáculo a la hora de firmar convenios con las empresas. Preocupa especialmente la situación de los alumnos de carreras sanitarias y de educación.
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