La polémica ley de acceso a la FP no convence a la Junta: «Va a suponernos un mayor gasto»

La decisión esta semana del Gobierno de prácticamente eliminar los requisitos para acceder a cursar Formación Profesional ha desatado opiniones divergentes al respecto, una de las más críticas la de la Junta de Castilla y León.

La consejera de Educación, Rocío Lucas, señalaba a este diario que la medida supondrá un gasto extra para las comunidades autónomas: «Hasta ahora era el Ecyl quien hacía algunas pruebas de competencias básicas a quienes no cumplían los requisitos para acceder a certificados de profesionalidad, a partir de ahora este procedimiento se desarrollará, entre otras entidades, en los centros de educación adulta y centros de Formación Profesional con el consiguiente gasto extra para las comunidades autónomas». Lucas también lamentaba que no se les hubiera tenido en cuenta a las regiones a la hora de tomar decisiones de estas características: «Nos hubiera gustado una mayor coordinación, puesto que somos los que tenemos que gestionar y costear», explicaba la titular de Educación.

Para algunos sindicatos la decisión de la ministra Pilar Alegría no es ha sido la más correcta. Guillermo Bueno, de ANPE Salamanca, señalaba que «con el nuevo decreto se puede acceder sin titulación, esto tiene una parte positiva que es que las personas que han perdido su empleo podrán formarse y volver a estar activos laboralmente. Sin embargo esto solo debería servir para las personas que se quedan en paro con una edad avanzada porque si no podría pasar que muchos alumnos no estudiaran la ESO y se aprovecharan de este coladero».

También hablaba de «coladero» Fernando Paricio, representante de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de Salamanca (FEDAMPA). «Hay que ser cauto y ver cómo se aplica la normativa, pero el miedo es que eso se termine convirtiendo en un coladero», dijo nada más conocerse que el Gobierno había dado el visto bueno a que ya no hicieran falta los títulos académicos tradicionales para acceder a Formación Profesional.

Teresa Vicente, del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Salamanca (STE) no tenía una opinión formada al respecto. Es partidaria de analizar bien el decreto antes de tomar una postura oficial del sindicato.

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