La polémica por la apertura del centro de inmigrantes en Puente Ladrillo llega al Congreso de los Diputados

La polémica por la transformación de la antigua residencia de mayores San Juan de Sahagún, en Puente Ladrillo, en centro para inmigrantes ha llegado al Parlamento nacional. Después de que el pasado jueves, el delegado del Gobierno de Castilla y León, Nicanor Sen, asegurase que el complejo de la carretera de Aldealengua todavía «no tiene un uso definido», los diputados del Partido Popular por Salamanca han comenzado a presionar en el Congreso de los Diputados para que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se pronuncie y deje claros sus planes, así como los motivos por los que Sen aseguró que no hay nada decidido.

Tras la afirmación del delegado que entra en contradicción con el hecho de que la empresa pública Tragsa presentase en el Ayuntamiento por encargo de Migraciones un borrador del proyecto para convertir las instalaciones en un centro de inmigrantes, los parlamentarios José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro y Pedro Samuel Martín han preguntado directamente en la Cámara Baja si el Gobierno mantiene «la previsión de albergar migrantes en estas instalaciones a partir de mayo de 2025, tal y como consta en la propuesta de Tragsa». En la misma línea, le pide información sobre el número de personas que «pretende albergar en ese edificio» dado que el borrador calculaba 448 plazas que podrían ampliarse usando las zonas comunes.

El delegado del Gobierno también arremetió contra la Junta al criticar el mal estado en el que la administración había hecho entrega de las instalaciones a la Tesorería General de la Seguridad Social. En esa línea y ante el informe de Tragsa, el PP se interesa por si el Ministerio considera que el edificio «sufre riesgos o daños estructurales». Por otra parte, preguntan los motivos por los que el Ejecutivo no informó de sus intenciones teniendo en cuenta que es la administración que debe autorizar este tipo de centros.

Desde que el Ayuntamiento paralizó las obras y la Junta de Castilla y León le recordó que no se puede abrir albergues para personas vulnerables sin su autorización, Migraciones no ha movido ficha. No ha presentado la documentación requerida por el Consistorio ni ha solicitado el permiso autonómico, pero fuentes del Ministerio han señalado que sus servicios jurídicos están analizando cómo actuar en ambos casos.

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