El pleno aprueba la Ordenanza del Amianto «con picardía»

El último pleno del año en el Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado de forma inicial este viernes la Ordenanza del Amianto, un texto al que la oposición ya ha adelantado que presentará alegaciones y que ha destapado una «pequeña picardía» por parte del Grupo Municipal Socialista.

El edil del PSOE, Álvaro Antolín, ha señalado que la ley supone una sobrecarga para los vecinos, ya que la peligrosidad de este elemento obliga a recurrir a una empresa especializada, «trabajos que son caros, solo por retirar una tubería de metro y medio cuesta 800 euros», ha apuntado.

También ha pedido equilibrio y que no se obligue a retirar elementos que por su buen estado no son peligrosos, así como ofrecer ayudas para apoyar a los vecinos. El responsable de la Concejalía de Fomento, Fernando Carabias, se ha mostrado sorprendido por las críticas, cuando en la comisión en la que se trató el tema no hubo aportaciones por parte de la oposición.

«Permítanos la picardía de no adelantarle en la comisión lo que le íbamos a decir en el pleno, ya que lo que quería era que le diéramos el discurso», ha confesado Antolín.

Por su parte, el concejal de Vox, Alejandro Pérez de la Sota, ha planteado la carga que supondrá para los propietarios de edificios la obligación de elaborar un informe, «aunque los técnicos hayan valorado que no hay elementos en un primer análisis».

Por otro lado, critica el proceso de sanción con hasta 10 multas en un mes por el 10% del coste de la retirada. «¿No era mejor elevar las sanciones, reducirlas a tres y después plantear una ejecución subsidiaria?», ha propuesto.

Por su parte, el concejal de Fomento, Fernando Carabias, ha subrayado que ya existen ayudas para este fin a través del Patronato Municipal de Vivienda y, en cuanto al censo de tuberías, se recogen los de edificios pero también los de tuberías y elementos bajo tierra «que no afecta a los propietarios privados».

De hecho, ha señalado, que en el presupuesto del próximo año ya se recoge una partida para retirar amianto de «varios» edificios municipales.

Carabias ha recordado que con esta ordenanza se busca tener un documento que permita regular la retirada y un calendario de retirada según las características y circunstancias del amianto localizado en el censo, material que está prohibido desde 2002 al clasificarse como material cancerígeno.

Por último, el concejal ha señalado que será la Inspección la que compruebe su cumplimiento de la nueva ordenanza.

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