Pedro Sánchez veta al Alvia: ni hablar de convertirlo en servicio público

El Gobierno de Pedro Sánchez no quiere ni hablar de declarar la línea Salamanca-Madrid por Medina del Campo, por la que circula el Alvia, en obligación de servicio público. Una condición que le permitiría mejorar las frecuencias y precios del tren rápido para garantizar la comunicación entre la ciudad del Tormes y la capital de España con independencia de que a Renfe le resultase más o menos rentable.

Para no tener que debatir sobre este asunto, el Ejecutivo central ha recurrido a su derecho al veto y así impedir que esa propuesta se incluya en el debate de las enmiendas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año. Lo ha conseguido alegando que se trata de un incremento de gasto no recogido en el proyecto de cuentas para 2023 que presentó el Ministerio de Hacienda, según recoge un documento firmado por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas.

El pasado octubre la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, anunció que en 2023 se declararán obligación de servicio público (OSP) doce líneas de alta velocidad media distancia que conectan alguna ciudad de Castilla y León. Dado que ninguna de ellas pasa por Salamanca, los parlamentarios del PP por Salamanca plantearon una enmienda a los PGE para que incluyera también la que une Salamanca y Madrid por Medina del Campo.

Sin embargo, esta iniciativa no llegará, ya no a votarse, sino ni siquiera a debatirse en el Parlamento. Tras haber vetado ya 980 de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios —entre las que se encontraban los beneficios fiscales para el Año Jubilar Teresiano—, el Ejecutivo ha vuelto a recurrir en un segundo oficio a esta fórmula, sobre cuyo abuso ya le advirtieron el pasado año los letrados del Congreso, para tumbar otras 352. Entre estas últimas, la petición de declarar OSP la línea del Alvia.

Es cierto que el servicio ferroviario Salamanca-Madrid por Medina figura ya en la relación de obligaciones de servicios públicos ferroviarios aprobada en 2017. Pero, en una situación excepcional que solo comparte con la Madrid-Cuenca. Solo están sujetos a OSP “los servicios prestados a viajeros recurrentes mediante la utilización de títulos multiviaje”. Por ello, el aumento de frecuencias y la bajada de precios de los billetes sí están sujetos a criterios comerciales, lo que dificulta también que otras administraciones públicas, como el Ayuntamiento o la

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