Dos años después, el Ministerio de Transportes ha retomado las negociaciones del polémico mapa nacional de concesiones de las líneas de autobús por carretera. En 2022 generó duras críticas de la Junta de Castilla y León, la Diputación y numerosos ayuntamientos de Salamanca, que ahora vuelven a despertar. Aunque, ante la petición de LA GACETA, el departamento que dirige Óscar Puente señala que el borrador todavía no se puede consultar por estar en elaboración, fuentes del Gobierno autonómico aseguran que la base sobre la que trabaja el Ministerio es la planteada en verano de 2022, que supone la supresión de 33 paradas en esta provincia, lo que supone aislar aún más a poblaciones que suman 17.000 habitantes. Desaparecerían principalmente aquellas que no llegan a una media de 500 usuarios al año.
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No obstante, también hay localidades más grandes y con mayor demanda, como Guijuelo, Santibáñez de Béjar o Puente del Congosto, que, según confirma la Consejería de Movilidad, también se verían afectadas por este plan.
«Sánchez nombró ministro a Óscar Puente. Lo hizo para avergonzarnos a todos. Para que toda España se diera cuenta de cómo es. Él, que desprecia a Castilla y León y nos ha llamado geriátrico a cielo abierto, ha explicado en el Senado el nuevo mapa de autobuses interurbanos y para sorpresa, otro palo más para Castilla y León porque confirma que va a suprimir 346 paradas en los pueblos de Castilla y León, nada más y nada menos», adelantó la semana pasada el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en un acto de campaña del PP. El jefe del Ejecutivo autonómico dejó claro que está dispuesto a acudir a los tribunales para tumbar este mapa. «Lo vamos a decir en el Congreso, en el Senado, en las Cortes de Castilla y León, en diputaciones o ayuntamientos y, si es necesario, iremos a los tribunales de justicia para defender a la gente de nuestra tierra y pueblos para decir no a Óscar Puente», aseguró.
El Ministerio apunta que el objetivo del mapa es atender la demanda de viajes entre comunidades autónomas «bajo el principio esencial de que ningún ciudadano pierda sus actuales oportunidades de viaje». Para ello plantea que sean las autonomías las que asuman el traslado de viajeros a los municipios con menor demanda.
En esa línea y según la Consejería de Movilidad, el Ministerio prevé que las rutas de Madrid a Salamanca y a Béjar y las conexiones de la capital del Tormes con Coria y Plasencia dejen de tener parada en El Bodón, Calvarrasa de Abajo, Cantagallo, Cantaracillo, Cepeda, Cespedosa de Tormes, Encinas de Abajo, Endrinal, Fuenterroble de Salvatierra, Fuentes de Oñoro, Gallegos de Solmirón, Guijuelo, Herguijuela de la Sierra, Herguijuela del Campo, Linares de Riofrío, Miranda del Castañar, Monleón, Navamorales, Paradinas de San Juan, Peñaparda, Puente del Congosto, Puerto de Béjar, Rágama, Robleda, San Esteban de la Sierra, San Miguel de Valero, Santibáñez de Béjar, Santibáñez de la Sierra, Los Santos, La Sierpe, Sotoserrano, Ventosa del Río Almar y Villasrubias.
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La consejera de Movilidad de Castilla y León, María González Corral, insiste en que, dada su dispersión, esta es la autonomía más afectada por el planteamiento del mapa de transportes estatal. «Sus criterios son contar con servicios directos, conexiones con grandes nodos de población y grandes flujos entre capitales de provincia y poblaciones grandes. Pero esto choca de lleno con la realidad de Castilla y León y muestra el desconocimiento que el Gobierno tiene de nuestra tierra», asegura en referencia a los 6.000 núcleos de población de la región. «Por supuesto que la Junta comparte la necesidad de apostar por un transporte sostenible y eficiente, pero siempre respetando las singularidades de cada territorio, sin que el Gobierno genere un problema y se lo traslade a las comunidades», añade.
«El Gobierno anuncia 40 M€ de financiación a las comunidades para asumir los tráficos que deja de hacer el mapa estatal, pero realmente son solo 25 millones, puesto que los 15 restantes son ingresos por viajero y por lo tanto no se imputa a financiación del Estado. La Junta ya trasladó que la financiación vinculada al número de viajeros no es aceptable. Exigimos que asuma el coste total de la prestación del servicio», incide.
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